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FINANCIACIâN AUTONâMICA

Hacienda añade tres billones de pesetas a los recursos tributarios de las regiones

La financiación autonómica ha modificado sustancialmente el esqueleto de los Presupuestos Generales del Estado para 2002. Lo que antes eran transferencias, a partir del año que viene se convierten en ingresos propios de los territorios.

El trasvase de fondos de la Administración central a las comunidades autónomas, que ayer curiosamente ningún alto cargo del Ministerio de Hacienda supo precisar, afecta tanto al capítulo de ingresos como al de gastos del Estado y de la Seguridad Social.

Así, los ingresos tributarios del Estado caen un 11,9% por este motivo y los gastos de la Seguridad Social bajan un 12,2%. En los gastos del Estado, el descenso del capítulo IV (transferencias corrientes) es del 21%, 5,9% si se consolidan éstos con los de la Seguridad Social.

Dicho esto, hay que hacer dos precisiones: primera, el reflejo presupuestario es diferente para aquellas comunidades que tienen traspasadas las competencias sanitarias en este momento de aquellas que no las tienen; segunda, el anteproyecto de ley no recoge todavía las entregas a cuenta de los territorios.

La financiación de Galicia, Cataluña, Valencia, Canarias y Andalucía minora el presupuesto de ingresos del Estado como consecuencia de haber asumido la cesión parcial del IRPF, IVA e impuestos especiales, y el capítulo de gastos no recoge la transferencia financiera que se realizaba para pagar la gestión traspasada de los servicios sanitarios y sociales de la Seguridad Social.

En el caso de las comunidades que aún no tienen sanidad, el presupuesto de ingresos del Estado sólo se ha visto afectado por la minoración que se produce por la cesión del 33% del IRPF. Según se decidió en el acuerdo de financiación, los territorios que no tienen esta competencia no podrán disponer hasta entonces de la cesta total de impuestos.

Por otro lado, como ya se ha mencionado más arriba, este anteproyecto se ha remitido al Congreso de los Diputados unos días antes de que se hayan celebrado las comisiones mixtas Gobierno central/comunidad autónoma, de manera que en el texto enviado a las Cortes no aparece la cuantía de las entregas a cuenta que con cargo a los presupuesto 2002 corresponde a cada comunidad.

El Ministerio de Hacienda se ha limitado a consignar una partida de 20.043,4 millones de euros (3,3 billones de pesetas), sin reparto territorial, como dotación del fondo de suficiencia.

El nuevo modelo prevé un fondo de suficiencia como mecanismo nivelador y de cierre del sistema. El objetivo del fondo es cubrir las diferencias entre las necesidades de gasto de cada comunidad autónoma y su capacidad fiscal en el año base del sistema (1999). Todas las regiones, con la excepción de Madrid y Baleares, que satisfacen su financiación con los tributos de sus propios territorios, necesitan compensar sus ingresos con este crédito.

En el caso de las comunidades con sanidad, este dinero cubre las necesidades financieras que no se cubren con la recaudación procedente de impuestos.

En el caso de las comunidades que aún no tienen el traspaso, el crédito financia la parte de competencias comunes y servicios sociales no cubierta con la cesión del 33% del IRPF.

Además, estos territorios tienen consignada una partida presupuestaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo como financiación del Estado al Insalud para atender su prestación sanitaria. El presupuesto del Insalud para el año que viene asciende a 10.981,85 millones de euros (1,82 billones de pesetas).

De los muchos fondos que integran el nuevo modelo de financiación, el anteproyecto de ley sólo marca por ahora la dotación del ya mencionado fondo de suficiencia, la del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y la del fondo sanitario de desplazados, que asciende a 60,10 millones de euros (10.049 millones de pesetas). Este fondo forma parte de otras transferencias corrientes y de capital que reciben las comunidades del Estado.

El FCI incorpora por primera vez a Ceuta y Melilla como territorios beneficiados. El fondo general, destinado exclusivamente a gastos de inversión (75% del total) asciende a 670,57 millones de euros (111.573 millones de pesetas). El fondo complementario, para gasto corriente complementario, ascenderá a 223,52 millones de euros (37.190 millones de pesetas).

 

Los flujos con Euskadi, pendientes de la negociación del Concierto

La provisionalidad que el anteproyecto de Ley de Presupuestos otorga al crédito asignado a las comunidades de régimen común se repite en el caso de las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco.

Los datos que se han incorporado al texto son una mera traslación de los flujos reales que se han producido en el año 2001. Adicionalmente, por lo que se refiere al cupo, se ha presupuestado asimismo una estimación del importe de liquidación.

La Hacienda foral debe pagar al Estado por el cupo 1.152,9 millones de euros (191.826 millones de pesetas) y por compensaciones financieras 41,75 millones de euros. Las compensaciones financieras al País Vasco ascienden a 87,27 millones de euros.

En el caso de Navarra, las transferencias de la Hacienda foral son 460 millones de euros, y las del Estado, 45,32 millones de euros. En gastos, la compensación a la comunidad es de 38,16 millones.

 

Ayuntamientos y provincias reciben más de 1,6 billones

Para el año 2002, la participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado se cifra en 10.082,4 millones de euros (1,6 billones de pesetas), cuya distribución se efectúa de la siguiente manera: entregas a cuenta del ejercicio presupuestario 2002 a favor de los municipios, 6.083,1 millones de euros (un billón de pesetas); entregas a cuenta del ejercicio presupuestario 2002 a favor de provincias y entes asimilados, 3.359,4 millones de euros (algo más de medio billón de pesetas), y liquidación definitiva de 2001 de municipios y provincias (106.000 millones de pesetas).

Se excluyen de este reparto las comunidades uniprovinciales de Madrid y Cantabria, que han optado por la integración de su participación como corporaciones locales en las que les corresponde como comunidad autónoma.

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