El Gobierno rebaja el 62,5% la tasa por el uso del espectro radioeléctrico
El Gobierno ha reabierto el contencioso sobre la tasa radioeléctrica, al fijar para el año que viene una cuantía de casi 60.000 millones de pesetas sin pacto ni consulta previa con las operadoras. La rebaja es del 62,5%, y su reparto, diferente para cada caso y empresa. Las afectadas han preferido posponer la reacción oficial hasta conocer unas cifras que aseguran ignorar, pero señalan que esta decisión no favorece la retirada de los recursos contra la tasa de 2001.
Las operadoras de telecomunicaciones se enteraron ayer poco después de las tres de la tarde que el Gobierno había decidido fijar la tasa por la utilización del espectro radioeléctrico para el año 2002 en 360,6 millones de euros (59.998,79 millones de pesetas), cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero no fueron ellas las únicas sorprendidas. Altos cargos del Gobierno, incluidos los del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no sabían explicar si esta cantidad respondía a la suma de las tasas o, como había asegurado Montoro, sólo contemplaba "la de la UMTS".
Avanzada la tarde, fuentes de la Administración explicaron que los casi 60.000 millones corresponden a todas las operadoras que utilizan espectro, de forma que la rebaja es del 62,5% sobre los 160.000 millones de pesetas exigidos (y recurridos por todas las implicadas) en 2001.
Otra vez, el Gobierno ha echado mano a una compleja fórmula para determinar las cifras, por lo menos las de la telefonía móvil. En 2002, las compañías pagarán el mismo precio por cada megahercio de espectro que utilicen, ya sea en tecnología GSM, DCS o UMTS. La medida ha suscitado la polémica. Primero, porque beneficia más a unas que a otras. Y, segundo, porque implica seguir imponiendo un gravamen muy elevado a la telefonía móvil de segunda generación, prácticamente libre de cargas en todos los países europeos.
Sin embargo, lo que más ha enardecido el clima de conflicto abierto que existe entre las empresas y el Gobierno es la falta de información que han padecido durante todo el proceso de fijación de la tasa y la ausencia de bases de la reforma. "Lo han hecho de prisa y corriendo y, además, sin consultar", aseguran.
Los nuevos precios
Con la nueva fórmula del Gobierno, el precio por licencia de UMTS queda en 5.849 millones de pesetas, frente a los 27.117 millones de 2001; el DCS 1800 costará 5.013 millones por cabeza (5.650 millones este año), GSM estará en 4.005 millones (5.228 millones durante este ejercicio) y Moviline se queda en 828 millones. El precio de cada licencia, por tanto, se reduce en una cuantía distinta. El 78% para la telefonía de tercera generación, mucho menos, el 11,3%, para la tecnología DCS, y un poco más, el 23,4%, para el GSM.
El más beneficiado con la nueva tasa del Gobierno es Xfera, que verá reducida su factura un 78%. En cualquier caso, tendría que pagar 5.849 millones de pesetas en 2002, que se unen a los 27.117 millones exigidos en 2001, para una operadora que no tiene ingresos, porque posee una licencia que le permite dar servicio en una tecnología que no existe.
El recibo de Amena quedará en 10.862 millones (una licencia UMTS y otra DCS), lo que supone una reducción del 67%, mientras que la de Airtel se queda en el 61%, con un pago exigido de 14.867 millones por sus tres licencias. La que más tendrá que pagar es Telefónica Móviles, que une a sus concesiones en UMTS, DCS y GSM los 828 millones exigidos por Moviline. Así, su factura se reduce un 60%.
En total, la telefonía móvil tendrá que pagar 47.278 millones de impuestos por utilización del espectro radioeléctrico el año que viene. Pero la mayor rebaja no se encuentra en este segmento, sino en las operadoras de telefonía local vía radio (LMDS), cuyo recibo bajará hasta 930 millones.
Ninguna de las implicadas quiso realizar ayer comentario oficial alguno sobre una reforma que aseguraban desconocer con detalle. Fuentes cercanas a todas ellas, sin embargo, no pudieron ocultar su desagrado por la decisión del Gobierno. "Está vendiendo como una gran rebaja algo que en el fondo es una subida, porque sobre la tasa de 2000, la única que nosotros aceptamos, el nuevo impuesto supone un incremento del 423% sobre el total y del 494% en telefonía móvil", explica una fuente cercana al proceso.
Las operadoras se negaron en bloque a negociar rebajas sobre la tasa de 2001, porque la consideran "injustificada, desmesurada y desproporcionada". El impuesto que consideran "aceptable" es el de 2000 y sobre él Telefónica Móviles proponía una subida de entre el 5% y el 10% ajustable con el IPC de cada año.
Una iniciativa que envenena la retirada de los recursos