Los empleados de Río Tinto aprueban la oferta de compra de PBC
PBC ofrece en principio la compra de las acciones a 1,66 pesetas que se convertirán en 300 pesetas para los accionistas que renuncien al derecho de recompra.
Tras seis años como sociedad anónima laboral, Minas de Río Tinto (Huelva) dejará de estar gobernada exclusivamente por el sindicato Comisiones Obreras. Los empleados y a la vez accionistas de la mina aprobaron ayer casi por unanimidad (386 a favor, cinco en contra y 23 abstenciones) aceptar la oferta de Promociones Barty Cros (PBC), que venía avalada por un acuerdo alcanzado in extremis el jueves por la noche entre la dirección de la mina (del sindicato Comisiones Obreras), la empresa, CC OO y UGT así como por la empresa consultora Socios Financieros.
PBC ofrece en principio la compra de las acciones a 1,66 pesetas que se convertirán en 300 pesetas para los accionistas que renuncien al derecho de recompra, casi todos tras el resultado de la votación.
La empresa que lidera Carlos Estévez (ex directivo de la mina y representante a su vez de los intereses de la multinacional minera Trafigura en España) se compromete a reintegrar a toda la plantilla (más de 600 trabajadores) en seis meses. La compañía prevé aplicar un plan de viabilidad que supone una inyección de liquidez de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) a través de una ampliación de capital y de recurso a líneas de financiación externas.
Tras el pacto entre todas las partes, el consejo de administración del yacimiento quedará controlado por PBC, con seis representantes. Otros tres serán para Socios Financieros, consultora de confianza de CC OO. Por último, seis representantes más se reparten entre los actuales accionistas, de la siguiente forma: dos para CC OO, dos para UGT y dos para los denominados "accionistas de clase B" (con algunos privilegios por tener numerosas acciones), uno de los cuales ha cedido su silla a un miembro de CC OO.
Inspección de Bruselas
El primer objetivo de la nueva dirección de la mina será tratar de convencer a las autoridades de Bruselas de que levante la inspección que tiene abierta contra las ayudas de 2.000 millones de pesetas que ha recibido el yacimiento de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
"Es el primer paso para solicitar más ayudas a las Administraciones públicas", afirma Luciano Gómez, secretario general de la Federación del Metal e Industrias Afines de UGT en Huelva. "La Junta pidió consenso entre las partes como condición y aquí lo tiene", añade.
Todas las partes se han fijado también como objetivo reiniciar la actividad minera, actualmente paralizada, el próximo 15 de noviembre.