La caída de Giménez-Reyna convierte la estafa bursátil en escándalo político
El mayor agujero de la historia de la Bolsa española empezó a convertirse en escándalo político cuando Enrique Giménez-Reyna presentó su dimisión el pasado 21 de julio. Cada día que pasa, nombres, cifras y complejas relaciones complican el primer gran caso de corrupción del Gobierno Aznar.
Cuando, el pasado 14 de junio, la CNMV ordenó la intervención de Gescartera, la noticia ocupó espacios de tercer orden. Dos párrafos para contar una intervención de la que no se dieron detalles y en la que aparecía, como curiosidad, el hecho de que la presidenta de la firma era hermana del secretario de Estado de Hacienda.
Tres meses después, el hermano ha dimitido, el jefe de la hermana duerme entre rejas y el Gabinete de Aznar afronta como puede el primer gran escándalo de corrupción del segundo Gobierno del Partido Popular.
¿Qué es Gescartera?
Se fundó en 1992 como sociedad gestora de carteras. El fundador fue José Camacho, fallecido en 1998, un antiguo empleado del Banco Popular que se había establecido por libre. En el accionariado está su joven hijo, el ahora encarcelado Antonio Camacho.
¿Un chiringuito financiero?
Lo más grave del caso Gescartera es que era una agencia de valores acreditada y autorizada por la CNMV, por lo que el inversor no podía sospechar a lo que se exponía al confiar su dinero. Las multas e inspecciones que recayeron sobre la sociedad nunca se hicieron públicas.
Bolsa Consulting
Esta sociedad, fundada en 1994 por los Camacho, sí es un chiringuito financiero. Es decir, captaba ahorro sin autorización. Por ello fue multada con 128 millones de pesetas, que no pagó por declararse insolvente. Bolsa Consulting estaba domiciliada en la misma oficina que Gescartera. Pilar Giménez-Reyna ya era consejera de Bolsa Consulting.
Inspecciones en 1995
El departamento de visitas de la CNMV hizo inspecciones de rutina a Gescartera en los años 1994 y 1995. Los inspectores, entre los que estaba José María Ruiz de la Serna, que luego fue apoderado de Gescartera, detectaron errores de procedimiento y organización en la firma. Aconsejaron, sin éxito, que Gescartera cambiase sus prácticas, pero no se abrió expediente sancionador.
El dinero del Arzobispado
En 1999 saltan las alarmas en la CNMV. La inspección descubre un desfase patrimonial en la cuenta del Arzobispado de Valladolid en Gescartera. La diócesis había invertido 1.000 millones pero sólo quedaban 30. El delegado de Gescartera en la capital castellana, Javier Valenzuela, ex director de Economía de la Junta de Castilla y León condenado por el caso de la minería, avisa al Arzobispado para que retire el dinero.
Papeles falsos
David Vives, director general de supervisión de la CNMV, pidió reunirse con representantes del Arzobispado y de Gescartera. Vives se dio cuenta de que la firma falsificaba documentos y pidió a la CNMV que interviniese, pero ésta no lo hizo. Poco después, Vives abandonó la CNMV. Tras la intervención de Gescartera, Pilar Valiente (presidenta de la CNMV) ha reconocido que la firma llevaba años falsificando documentos.
Multa con premio incluido
El 13 de julio de 2000 se reúne el consejo de la CNMV con Gescartera en el orden del día. En relación con el caso del Arzobispado, la Comisión decide multar a Gescartera por resistencia a la inspección con 10 millones de pesetas. Al tiempo, el consejo aprueba elevar a Gescartera de sociedad gestora de carteras a agencia de valores. Rato aprueba la conversión de Gescartera en agencia en septiembre. Al mes, Juan Fernández Armesto, tocado por el caso de las stock options, abandona la CNMV, para dar paso a Pilar Valiente.
La Guardia Civil, al fútbol
Poco antes, el 24 de mayo, Antonio Camacho había invitado al coronel de la Guardia Civil José Giménez-Reyna, hermano de Pilar y de Enrique, a la final de la copa de Europa de fútbol entre Real Madrid y Valencia. El viaje a París fue en avión privado e incluyó estancia en un hotel de cinco estrellas. José Giménez-Reyna puede ser expulsado del cuerpo, pues influyó para que la asociación de huérfanos de la Benemérita invirtiese (y perdiese) 400 millones en Gescartera.
Intereses del 108%
Al cierre del ejercicio de 2000, la situación patrimonial de Gescartera ya era desesperada. La firma necesitaba capital para cuadrar de algún modo las cuentas anuales y retribuía, con intereses equivalentes a un 108% anual, depósitos realizados a fin de año y por periodos muy cortos de tiempo (15 días).
Operaciones sospechosas
Otro método utilizado por Gescartera para camuflar el desfase patrimonial era hacer operaciones en Bolsa ficticias. La CNMV asegura haber detectado movimientos "carentes de lógica económica" con acciones de Sniace y Radiotrónica, dos valores muy especulativos.
Ramallo vende Gescartera
En primavera de este año, el ex diputado del PP y ex presidente de la CNMV Luis Ramallo media para vender Gescartera a un grupo extranjero. Entonces, Camacho, que intercambió regalos millonarios con Ramallo, se jactaba de gestionar 59.000 millones de pesetas.
El sello de caucho
En esas mismas fechas, Caja Madrid es avisada por uno de sus proveedores de que un representan de Gescartera ha pedido un sello de caucho de los utilizados para sellar documentos. La entidad denuncia el caso a la policía y a la CNMV.
La CNMV interviene
El 14 de junio, la CNMV interviene Gescartera. Paraliza los reembolsos de fondos a los clientes que piden su dinero y, un mes después, remite el caso a la Audiencia Nacional. La juez Teresa Palacios manda a la cárcel a Antonio Camacho nada más tomarle declaración.
El lío de la ONCE
La Fundación ONCE tenía el 10% de Gescartera, pero dice que no encuentra documentos que lo acrediten. Ha hecho dimitir a José Manuel Pichel y Rafael de Lorenzo, directivos de la Fundación, por ocultar dicha inversión al consejo. De todos modos, la ONCE ayudaba a distribuir los fondos de pensiones de Gescartera entre asociaciones de minusválidos.
El vaivén del PP
Tras negarse en redondo a investigar el caso Gescartera en el Parlamento, el PP no sólo termina aceptando la comisión de investigación, sino que inicia pesquisas en cuatro ministerios.
Sefisur, un caso cerrado que tumbó al secretario de Estado
El viernes 21 de julio, Enrique Giménez-Reyna apareció en el telediario de las tres de la tarde asegurando que no dimitía. A última hora de la tarde presentó su dimisión. Aquella semana, el secretario de Estado de Hacienda se había defendido como gato panza arriba de la implicación de su hermana Pilar en el caso Gescartera y de la pequeña inversión (un millón y medio de pesetas) que él mismo había realizado en la agencia de inversión.
Giménez-Reyna tenía un cadáver en el armario. Había sido consejero de Sefisur, una agencia de valores localizada en Málaga que había sido multada por la CNMV en 1996 por vender activos al público sin haber publicado un folleto informativo, como manda la ley.
Sefisur emitió obligaciones hipotecarias por valor de 400 millones de pesetas entre 1990 y 1992. La sociedad informó a la CNMV que la emisión no iba a salir al mercado porque estaba destinada a cubrir con garantías hipotecarias unos préstamos que se iban a recibir por parte de las sociedades interesadas en la promoción urbanística que se financiaba.
Infracción muy grave
Pero la CNMV empezó a recibir reclamaciones de inversores que aseguraban que Sefisur les había propuesto suscribir dichas obligaciones hipotecarias. Algunos denunciaban, incluso, que el dinero depositado en Sefisur para otros propósitos se había invertido en dichas cédulas. La CNMV investigó el caso, abrió expediente sancionador y multó con 10 millones a Sefisur por falta muy grave.
La multa no afectó a los consejeros, de modo que Enrique Giménez-Reyna nunca fue sancionado. Pero Sefisur le costó el cargo. El secretario de Estado de Hacienda anunció su dimisión (que se retrasaría un mes para cerrar la negociación de la financiación autonómica) el mismo día que este diario destapó su implicación en Sefisur.
Paralelamente, y aunque él siempre quiso desvincularse de las actividades de Gescartera, llegó a plantearse trabajar en la firma de valores. Según fuentes cercanas a Giménez-Reyna, cuando era director general de Tributos había comentado que su próximo destino profesional sería la firma de valores. Asimismo, Gescartera utilizaba su apellido para captar clientes..
De Delaware a la isla de Jersey pasando por Suiza
Ríos de tinta han corrido sobre el caso Gescartera. Pero no termina de estar claro el paradero de los 18.000 millones de pesetas reclamados. En un primer momento, Antonio Camacho declaró a la juez que el dinero estaba en Delaware (EE UU). Acreditó dicho argumento con un fax remitido desde Estados Unidos a nombre de la sociedad Martin Investment, en el que se detallaba el estado de las cuentas de Gescartera. El fax estaba repleto de errores ortográficos y destacaba por lo burdo de su presentación.
Camacho admitió poco después que el fax era falso y la sociedad, una tapadera creada para despistar a la CNMV. Declaró entonces que el dinero se había perdido en la Bolsa. Argumentó mala suerte ante el fiscal, pero no respondió cuando se le preguntó por su chalé valorado en 500 millones, sus 100 trajes de Aramani, su colección de relojes o sus ocho guardaespaldas. O sobre el Jaguar comprado a cargo de los fondos de la firma de valores.
Se ha publicado que Camacho tiene abierta una cuenta en Suiza, donde disfruta del secreto bancario y puede tener el dinero. Asimismo, había creado una sociedad en la isla de Jersey, paraíso fiscal situado en el canal de La Mancha, y tenía sociedades en Miami.
Lo que parece evidente es que Gescartera traficaba con dinero negro. Los fondos captados por Pilar Giménez-Reyna y el propio Camacho no circulaban por el mismo circuito que el resto. No se declaraban a la CNMV ni al auditor. Los ingresos se hacían con maletines en efectivo. Hacienda investiga a 35 clientes de Gescartera y trabaja con la lista de afectados elaborada por la CNMV.