El Gobierno Bush desactiva la ofensiva contra Microsoft
El Gobierno de George Bush renuncia a pedir que Microsoft sea dividida en dos y tampoco seguirá intentando demostrar que la integración del Explorer en el sistema operativo Windows es ilegal. Sin embargo, la compañía todavía no lanza las campanas al vuelo porque aún pueden imponérsele sanciones de conducta importantes.
El Departamento de Justicia de EE UU comunicó ayer que no buscará la división forzosa de Microsoft en dos empresas (una para sistemas operativos y otra para aplicaciones) ni tampoco pedirá que se celebren nuevas audiencias para dirimir si es o no ilegal la inclusión del navegador Explorer dentro del sistema operativo Windows.
Según el comunicado difundido ayer, con ello intentan reducir el alcance del caso y "garantizar un remedio efectivo tan pronto como sea posible".
La decisión del Gobierno de George Bush, que es apoyada por los fiscales estatales que participan en la demanda, supone un importante alivio para Microsoft en el terreno judicial.
Sin embargo, el proceso continúa y la acusación todavía piensa exigir sanciones que pueden limitar bastante la capacidad de actuación de la compañía. De ahí que Microsoft evitara lanzar ayer las campanas al vuelo.
Los portavoces de la compañía en Redmond (Washington) se limitaron a decir que los abogados aún tienen que revisar los documentos y que es pronto para cantar victoria, porque el proceso continúa. Jeff Raikes, vicepresidente de Soluciones para Empresas, reiteró que están dispuestos a negociar un pacto amistoso que permita resolver los asuntos pendientes y poner fin al proceso. Y los empleados de la empresa siguieron trabajando en sus proyectos como si no ocurriese nada en el frente judicial, que es exactamente la consigna que han aplicado durante estos cuatro años de batalla en los tribunales.
El cambio en la posición del Gobierno no sorprendió demasiado a los observadores. El presidente republicano George Bush y su fiscal general, John Aschroft, han lanzado señales claras a favor de un acuerdo amistoso. Bush cree que "existen demasiados litigios" en EE UU y no tiene claro que el Gobierno deba dedicar dinero de los contribuyentes a luchar en tribunales contra una empresa a la que califica de "innovadora".
Sin embargo, el proceso sigue adelante. Y los observadores creen que el Gobierno pedirá que se impongan a Microsoft sanciones "de conducta" parecidas a las dictadas por el juez Thomas Penfield Jackson (quien emitió la condena por abuso de monopolio contra la compañía y fue retirado del caso a principios del verano por su "apariencia de parcialidad").
La juez Colleen Collar-Kotelly, nueva instructora del proceso, puede prohibir los contratos exclusivos de Microsoft con algunos fabricantes de ordenadores y programas (descuentos a cambio de que promocionen sus productos), exigir mayor transparencia en los contratos de licencia con fabricantes de PC y obligar a que Microsoft comunique cualquier alteración en sus programas que perjudique a productos de competidores.
Algunos expertos legales como el profesor Andy Gavia, de Howard University, creen que estas restricciones pueden tener un fuerte impacto en el nuevo sistema operativo Windows XP, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de octubre. Aunque los fabricantes de PC que instalen el Windows XP tendrán mayor margen de maniobra para decidir qué iconos aparecen en la pantalla inicial. Pero Microsoft todavía exige que algunos de los iconos de sus productos aparezcan en dicha pantalla.
La compañía tiene también pendiente una investigación antimonopolio en Bruselas, donde los responsables de competencia ven con especial preocupación la integración del Windows Media Player en el sistema operativo.
Gates, optimista
Bill Gates, cofundador y presidente del consejo de administración de Microsoft, mostraba ayer un talante mucho más relajado y sonriente que hace unos meses. En vísperas del comunicado del Departamento de Justicia, Gates dijo ante un grupo de periodistas que está convencido de que "los reguladores encontrarán una manera para permitir que siga habiendo innovación".
El ejecutivo reconoció que Microsoft mantiene un "diálogo permanente" con los responsables de Competencia y que "explicar lo que hacemos es una parte importante de nuestro trabajo".
Sin embargo, negó que esto entorpezca sus planes de desarrollo: "Los reguladores no quieren oponerse a la innovación" y "no hay ningún punto específico (en la arena judicial) que haya frenado este tipo de investigaciones" puestas en marcha por Microsoft.
La sociedad celebra estos días el décimo aniversario del centro de investigación Microsoft Research y buena parte de los proyectos presentados durante esta celebración tienen como objetivo suprimir las barreras entre distintos productos y servicios.
Tres años de batalla judicial
La demanda de las autoridades norteamericanas contra el gigante de la informática creado por Bill Gates comenzó en octubre de 1998. Ese año, el Departamento de Justicia y 20 Estados demandaron a la compañía por abuso de su posición de monopolio. El hecho que determinó la demanda fue la decisión de Microsoft de incorporar de forma gratuita a su sistema operativo Windows su navegador de Internet, Explorer. Esta política propició el hundimiento del navegador de Netscape, por entonces líder de mercado. La denuncia encontró en Janet Reno, por entonces fiscal general de EE UU, y en la Administración de Bill Clinton, dos apoyos e impulsos definitivos.
El juicio fue dirigido por el juez Federal Thomas Penfield Jackson, que en su escrito de hechos probados aseguraba que Microsoft gozaba de una posición de monopolio y abusaba de ella para oponerse a la innovación tecnológica de los competidores y minar los intereses de los consumidores. En su sentencia, Jackson decidió finalmente la división de Microsoft.
Sin embargo, el pasado mes de junio, con George Bush ya en la presidencia de Estados Unidos, el Tribunal Federal de Apelaciones anuló la orden del juez Thomas Jackson, acusando al propio magistrado de actuar con parcialidad. Por unanimidad los siete jueces del tribunal decidieron relevar a Jackson del caso y entregárselo a un juez distinto.
Pero el tribunal no libró por completo a Microsoft de culpabilidad y sí consideró probado que la compañía se había comportado de forma anticompetitiva y citaba, en concreto, los contratos restrictivos firmados por la compañía con los fabricantes de ordenadores para licenciar Windows en exclusiva.
La nueva juez encargada del caso, Collen Kottard-Kelli, había fijado ya para el próximo 21 de este mes una audiencia para hacer una nueva evaluación del caso y fijar las penas correspondientes.