Navarra reduce al 32,5% el tipo del impuesto de sociedades para pymes
La reducción fiscal viene a saldar la deuda con las pymes, tras las rebajas aplicadas a otros colectivos en la comunidad foral.
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra ha elaborado un proyecto de ley que contempla la rebaja del tipo del impuesto de sociedades del 35% actual al 32,5% para las pequeñas y medianas empresas.
La propuesta, que fue estudiada ayer por el Ejecutivo foral, beneficiará a todas las pymes con una facturación anual inferior a los 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros), que constituyen el grueso del tejido empresarial de la comunidad autónoma. Esta rebaja impositiva pretende ayudar a las pymes navarras a reforzar su estructura financiera. Según el planteamiento efectuado por la consejería autonómica, las pequeñas empresas pueden destinar el nuevo ahorro fiscal a consolidar la propia sociedad, mediante la dotación de reservas, o a reforzar el patrimonio personal del empresario, por la vía del dividendo, facilitándole el afrontar capitalizaciones futuras de su negocio. La reducción fiscal tiene, además, un marcado carácter preventivo, dada la tendencia generalizada de las pymes a funcionar por expectativas, lo que hace necesario el adoptar medidas que eviten la cancelación de proyectos de inversión por el temor a una etapa de recesión económica.
El consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, señala que la nueva rebaja fiscal a las pymes de la comunidad foral "se ajusta perfectamente a la normativa nacional en esta materia y al Tratado de la Unión Europea, ya que no implica una reducción de la presión fiscal del impuesto". Para compensar la pérdida de recaudación, el Ejecutivo foral proyecta suprimir la actual deducción del 15% de las inversiones en activos fijos desgravados por las empresas de nueva creación.
En la práctica, la reducción fiscal viene a saldar la deuda con las pymes, tras las rebajas aplicadas a otros colectivos en la comunidad foral y, sobre todo, las compensaciones establecidas por el Gobierno central hace cuatro años para las empresas con ingresos anuales por debajo de los 500 millones de pesetas (tres millones de euros).