La CE objeta la nueva cuota de abono de Telefónica

La Comisión Europea no está de acuerdo con el reequilibrio de tarifas telefónicas aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno español y que permitía a Telefónica elevar hasta 2.100 pesetas el precio de la cuota de abono mensual en una subida escalonada hasta 2003. Este acuerdo ya era el resultado de un dictamen motivado de Bruselas que exigía la subida, pero el Ejecutivo comunitario no está satisfecho con los resultados.

En consecuencia, ha mandado un dictamen motivado "suplementario" al Gobierno, en el que asegura que la cuota de abono de Telefónica "no coincide todavía con sus costes subyacentes y seguirá siendo así probablemente hasta 2003", aseguró ayer la CE en un comunicado. La situación "es inaceptable en el contexto de la reciente evolución de la competencia en el bucle local".

El rechazo de Bruselas no se centra tanto en el precio acordado entre el Gobierno y Telefónica para la cuota de abono (2.100 pesetas), sino en el plazo establecido para las subidas. A juicio de la comisión, España no puede esperar hasta 2003 para reajustar sus tarifas, sino que tiene que hacerlo ahora, cuando empieza a haber competencia.

En estos momentos, Telefónica cobra 1.842 pesetas mensuales a sus clientes, un precio que, según la CE, está por debajo de sus costes. También está por debajo de la tarifa que el ex monopolio cobra a sus competidores por alquilar el bucle local, que pagan más por este servicio que lo que Telefónica factura a sus clientes finales. En estos términos, añade Bruselas, la competencia es imposible y no se puede esperar a 2003 para que se resuelva.

El dictamen motivado no ha llegado todavía ni al Gobierno ni a la operadora, que esperarán hasta tenerlo para hacer una valoración, pero la decisión comunitaria ha caído como un jarro de agua fría. El Ejecutivo estaba convencido de que ya había resuelto el problema, sobre todo desde que Telefónica retiró la denuncia que dio pie a las primeras intervenciones de la CE. Ahora, tiene dos meses para resolver las objeciones de Bruselas o el caso se remitirá al Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, es probable que el Gobierno presente alegaciones.