España pretende acelerar el acuerdo UE-Mercosur
El Gobierno español no quiere perder la posición estratégica que mantiene en Argentina y quiere trasladar a la Unión Europea el impulso que Estados Unidos persigue en su acuerdo comercial con Mercosur. Buenos Aires, mientras tanto, sigue sin desvelar la orientación de su operación de deuda.
Dado que la nueva ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina está ligada a una mayor liberalización del comercio, "el Gobierno español quiere -y así lo va a pedir expresamente- que la UE acelere e impulse las negociaciones con Mercosur" para ampliar las oportunidades de negocio.
Así lo aseguró ayer el secretario de Estado español de Comercio y Turismo, Juan Costa, en lo que supone una reacción del Gobierno a la estrategia de Estados Unidos de aprovechar su apoyo al plan argentino para acercar posturas comerciales con Mercosur (unión aduanera formada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
La decisión de España no resulta baldía, ya que a partir de enero asume la presidencia de la Unión Europea y entre sus prioridades se encuentran los acuerdos comerciales que pretende firmar con Chile y Mercosur para la cumbre latinoamericana que se celebrará en mayo en Madrid.
En Buenos Aires, las posibilidades comerciales que acompañan el nuevo paquete del FMI han quedado relegadas ante las incógnitas que suscita la operación de deuda que quiere aprobar el Gobierno y las dificultades políticas para aplicar el ajuste.
En su rueda de prensa, Costa desveló ayer algunas de las opciones que baraja el Ejecutivo argentino. "Más que revisar los pagos [de la deuda] podrían establecerse calendarios opcionales de los vencimientos". No obstante, el secretario de Estado precisó que Argentina no ha solicitado, de momento, ninguna iniciativa de este tipo y que, de producirse, después "la comunidad internacional tomaría sus decisiones".
Los analistas siguen sin ver claro qué "mecanismo novedoso" de ingeniería financiera piensa proponer el Gobierno para reducir la deuda, aunque las principales dudas surgieron ayer por la viabilidad política de llevar adelante el ajuste.
Los gobernadores peronistas de las provincias expresaron su oposición a un recorte de la financiación que les tiene asignada la nación y sin su apoyo la reforma de la ley, tal y como exige el FMI, resulta imposible, dado que el peronismo mantiene la mayoría del Senado.
De ahí la decisión del presidente, Fernando de la Rúa, de convocar un referéndum para que los argentinos decidan si apoyan un recorte del "gasto político".
De la Rúa pretende, así, anticiparse a los malos resultados electorales que se prevén para su formación en las elecciones parciales al Senado de octubre. El referéndum se celebraría tras las elecciones y, si obtiene el respaldo de los ciudadanos, recuperará parte de la autoridad política que previsiblemente le negarán las urnas y podrá calificar como gasto político buena parte de la financiación a las provincias.