Jueces y notarios creen que el arbitraje puede evitar el colapso de los tribunales
Tanto la judicatura como el colectivo notarial se muestran de acuerdo con la necesidad de buscar y potenciar los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, "ya que evitarían al ciudadano la situación traumática que muchas veces provoca acudir a los tribunales". Así lo han manifestado el magistrado Elías Campo Villegas y el notario Salvador Torres Escámez, en el transcurso del seminario La reforma de la justicia preventiva, organizado por el Consejo General del Notariado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
En este sentido, el notario de Almería Salvador Torres destacó que la mediación es "un mecanismo de solución de conflictos en el cual la persona o institución elegida como mediador no decide nada, simplemente facilita la comunicación y el acuerdo entre las partes del conflicto para conseguir llegar a una solución satisfactoria".
A continuación, explicó que "la mediación es una actividad que se encuentra en un estado muy incipiente en nuestro derecho, ya que no se encuentra regulada prácticamente. Pero ya existe una ley de mediación familiar en Cataluña, que acaba de publicarse hace tres meses, por tanto el tema de la mediación se encuentra por definir".
Por su parte, el magistrado excedente y notario jubilado Elías Campo considera que "lo fundamental es que el arbitraje implica el reconocimiento de la libertad de los individuos, para que ellos mismos decidan en el convenio arbitral dos cuestiones. La primera, dijo, que el convenio arbitral excluye, al ser pactado, a la jurisdicción ordinaria de la resolución de sus conflictos. Y la segunda cuestión, que los conflictos se resolverán a través de las personas que ellos mismos elijan".
Ambos ponentes pusieron de manifiesto la "paradoja" que supone que, dentro del abanico de personas e instituciones que pueden ser árbitros en nuestro país, no se contemple la figura del notario. Y se mostraron partidarios de retocar en este sentido la Ley de Arbitraje de 1988, una ley que, excepto en este aspecto, fue calificada como "francamente buena".