Fomento abre expediente a Iberia por suspender vuelos
El Gobierno, a través de la Dirección General de Aviación Civil, ha abierto expediente sancionador a Iberia por el cese de operaciones decretado por la compañía el pasado 13 de julio, en pleno conflicto laboral con el sindicato de pilotos. La aerolínea suspendió todos sus vuelos desde las cero horas de ese día alegando que no podía garantizar la seguridad de los mismos ante las dimisiones en cascada de los mandos en la dirección de operaciones, todos ellos pilotos.
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Fomento, abrió el pasado 27 de julio la instrucción de un expediente sancionador a la compañía aérea Iberia por su decisión de suspender todos los vuelos el pasado 13 de julio, según se recoge en un documento al que ha tenido acceso Europa Press. Ahora se abre un plazo para que la aerolínea pueda presentar alegaciones.
Iberia canceló todos sus vuelos a las 12 horas del día 13 de julio en el contexto del conflicto que mantenía con los pilotos en la negociación del convenio colectivo. Los tripulantes habían realizado ya varias jornadas de huelga, dentro de un calendario de movilizaciones en el que se preveían un total de 10 jornadas de paros a lo largo de los meses de junio, julio y agosto.
La dirección de la aerolínea de bandera, cuyo consejo de administración se había reunido de forma urgente ese mismo jueves, justificó esta medida ante Aviación Civil mediante un escrito del director general de operaciones remitido esa tarde donde se afirmaba que la dimisión en cadena de altos cargos de ese departamento, todos ellos pilotos, no permitía garantizar la seguridad de las operaciones.
Curiosamente, de forma simultánea, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comunicaba que había concluido sin acuerdo la mediación de los árbitros elegidos por la sociedad estatal y los socios españoles del núcleo estable de Iberia para dirimir sobre la reclamación de estos últimos a la sociedad estatal de una compensación económica de 80.000 millones de pesetas (480 millones de euros) por aceptar el retraso hasta el año 2001 en la salida a Bolsa de Iberia. Esa cifra coincidía con las minusvalías acumuladas por esos accionistas en su inversión en la aerolínea.
Poco más tarde, el presidente de Iberia convocaba una rueda de prensa urgente y anunciaba la suspensión de los vuelos a partir de las cero horas del viernes. Mientras, Aviación Civil decidía enviar inspectores a la empresa para comprobar los niveles de seguridad.
Poco después de la media noche, el máximo órgano regulador de la actividad área difundía una nota oficial instando a Iberia a reanudar sus actividades por considerar infundadas las alegaciones de Iberia sobre falta de seguridad. Hacía varias horas que se había iniciado un duro pulso entre Iberia, que perseguía un arbitraje, y parte del Gobierno, que presionaba para que se reanudaran los vuelos.
Finalmente, a las cinco de la mañana del viernes, la empresa, tras conseguir garantías de que el Gobierno había decidido imponer un arbitraje con los pilotos, reanudaba los vuelos. La mediación corrió a cargo del presidente del Consejo Económico y Social, Federico Durán. Ese arbitraje ha sido recurrido por los pilotos ante el Supremo.