México investiga posibles ilegalidades en los créditos a la banca de la 'crisis del tequila'
México se encuentra sumido en la investigación de las posibles irregularidades cometidas en la operación de rescate del sistema financiero llevada a cabo en la crisis de 1995. Tras dos años en secreto, la Cámara de Diputados ha decidido hacer ahora público un informe encargado a una auditoría internacional en el que se recoge una lista de créditos irregulares cuyo importe asciende a unos 74.000 millones de pesos (9.250 millones de euros) a precios de 1994.
La devaluación del peso en diciembre de 1994 desató una espiral alcista en los tipos de interés que obligó a miles de deudores mexicanos a declarar una moratoria masiva, arrastrando con ello a los bancos a su peor crisis en la historia del país y que se conoció internacionalmente como la crisis del tequila.
El Gobierno, presidido entonces por Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), utilizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para convertir gran parte de los créditos incobrables de los bancos en deuda pública. El rescate se calculó entonces en unos 113.000 millones de euros, cuyos intereses se cargan cada año al presupuesto público.
La operación fue duramente criticada por entender que muchos de los créditos concedidos por el Fobaproa no se ajustaban a los criterios oficialmente establecidos para el rescate, por lo que los diputados mexicanos encargaron en septiembre de 1998 una auditoría de las operaciones del Fondo ante las sospechas de mala gestión.
El encargado de la auditoría fue el canadiense Michael Mackey, que entregó al Congreso los resultados de la misma en 1999. Los grupos parlamentarios decidieron entonces, cuando el PRI ostentaba la mayoría en la Cámara, mantener esos archivos en secreto. Ahora ningún partido cuenta con mayoría absoluta.
La auditoría de Mackey divide las irregularidades detectadas en tres categorías: los créditos que no respondían a los criterios originales para ser adquiridos por el Fobaproa (cuyo importe asciende a 25.400 millones de pesos), los préstamos que se concedieron por parte de los bancos a sus propios accionistas (42.200 millones) y las operaciones ilegales de acuerdo con las leyes mexicanas (6.000 millones).
El opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha divulgado una lista de beneficiarios de estos créditos entre los que se encuentran el candidato del PRI a las elecciones del pasado año, Francisco Labastida, y el actual presidente de México, Vicente Fox. Durante la campaña, el PRD ya acusó a Labastida y a Fox de trasladar al Fobaproa deudas de sus propias empresas.
La Asociación de Banqueros de México (ABM) ha acusado a los diputados de violar el secreto bancario por publicar la lista y asegura que no existe ningún fundamento legal para reabrir un tema, a su juicio, "cerrado y concluido".
El ârgano Superior de Fiscalización debe presentar en septiembre un informe en el que se recojan cuáles de estos créditos pueden ser aún recuperados por el Estado.