El decreto de la Ley de Cajas exigirá un mínimo de experiencia a los altos cargos
La Junta de Castilla y León ya ha redactado el anteproyecto del decreto que afecta a los órganos de gobierno y dirección de las seis cajas de la región. El borrador introduce unos requisitos mínimos de honorabilidad, preparación técnica y experiencia para el presidente ejecutivo, el director general y los consejeros. Una vez aprobado, las cajas de ahorros tienen tres meses para adaptar sus estatutos y reglamentos.
La posibilidad de crear el cargo de presidente ejecutivo ha sido una de las novedades incorporadas a la ley, que también fija limitaciones para elegir a los consejeros que representan a los impositores.
La Junta de Castilla y León y el PSOE consensuaron la Ley de Cajas, que reduce la presencia política hasta un tope del 47% (32%, ayuntamientos, y 15%, Cortes regionales) y aumenta la social en las asambleas de las cajas.
Los impositores tendrán una representación del 32%, que se repartirá de forma proporcional según demarcaciones territoriales. Los trabajadores pasan del 10% al 11%, mientras las entidades de interés general tendrán un 5%, y las fundadoras, otro 5%. Trabajadores e impositores tendrán el 48% en Caja Duero y Caja Segovia, y el 43% en Caja España y Caja Ávila, ya que ambas cuentan con fundadoras que tienen un 5%.