El retraso de la ley de antenas para móviles frena la instalación

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha decidido retrasar hasta mediados de septiembre la promulgación del real decreto que debe regular la seguridad, desde el punto de vista de la salud, de las antenas de telefonía móvil. Este aplazamiento ha provocado que el sector de telecomunicaciones y las corporaciones locales hayan desarrollado una normativa propia que, en la mayoría de los casos, es mucho más exigente que el proyecto gubernamental y que está frenando proyectos de instalación.

El real decreto que el Gobierno prepara para regular la instalación de antenas de telefonía móvil no ha calmado los ánimos en comunidades de vecinos, ayuntamientos ni operadoras. Sobre todo, después de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología haya decidido retrasar su aprobación hasta mediados del mes septiembre, a la espera de que la Comisión Europea dé el visto bueno.

Este vacío legal ha empujado a las cuatro operadoras de telefonía móvil -Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera- y a los ayuntamientos a tomar la delantera al Ejecutivo y a regular los límites de las ondas electromagnéticas "en beneficio de la salud pública".

La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, está siendo severamente criticada entre las empresas del sector de telecomunicaciones por su decisión de dejar para después de vacaciones la promulgación del decreto sobre la exposición de las ondas electromagnéticas en las antenas de telefonía móvil.

El enfado no sólo se extiende entre los operadores de telefonía celular, sino también y muy especialmente entre las seis empresas que despliegan la tecnología de acceso vía radio, conocida con las siglas LMDS. Estas compañías se encuentran en pleno proceso de despliegue de sus redes, y los perjuicios que les ocasionan la confusión y el vacío legal se cuantifican en cientos de millones de pesetas.

Demandas

Mientras el ministerio aplaza sus decisiones, la alarma social continúa. Un juez de Bilbao ordenaba recientemente la retirada de una antena de telefonía móvil a consecuencia de una demanda de un vecino. æpermil;ste se quejaba de que las ondas electromagnéticas provocaban hiperactividad a su hija.

Algo similar ocurría en Cataluña. La Audiencia Provincial solicitaba a una operadora la retirada de una instalación ante la queja de algunos vecinos.

Para hacer frente a las reclamaciones de vecinos que se suceden en municipios de Madrid -Getafe, Villalba- y de otras comunidades autónomas, las corporaciones locales han decidido autorregularse. La primera en hacerlo fue Cataluña. La Generalitat obligaba a las operadoras a reubicar en un plazo de seis meses el 15% de las antenas en funcionamiento a los nuevos márgenes. El decreto establece una distancia entre la fachada y el edificio de 10 metros. El decreto de Castilla-La Mancha también se ampara en razones de urbanismo y medio ambiente para controlar la seguridad.

Las operadoras de telefonía móvil también han tomado la decisión de regular estos límites de ondas electromagnéticas. Amena, Telefónica, Telefónica Móviles y Xfera han firmado un código ante la confusión generada en la opinión pública.

De esta forma, las compañías se obligan a asumir voluntariamente los niveles técnicos previstos en la recomendación europea contemplada en el proyecto del real decreto que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está preparando. "Se trata de tranquilizar a la gente de que los límites de exposición a las ondas electromagnéticas delimitan la seguridad máxima". Además, las compañías de telefonía han decidido ampararse en el principio de precaución que incluye niveles bajos de potencia y compartir instalaciones entre las operadoras en un mismo lugar para evitar mayores exposiciones.

Antenas del extrarradio

Según Adrián Nogales, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, "es erróneo alejar el emplazamiento de las antenas fuera del casco urbano, ya que el terminal móvil que usan los ciudadanos estará obligado a emitir con más potencia y esto será más perjudicial para poder enlazar con la estación que se ha emplazado en el extrarradio".

Con respecto a las sentencias que se han emitido hasta ahora tras recibir las denuncias de varios usuarios por supuestas enfermedades generadas, el director técnico de la Unión de Consumidores de España (UCE), Enrique García, afirmó que se han basado en la no existencia de una normativa.

En este sentido apuntó que justo debajo de los edificios es donde se perciben menores niveles de emisión de ondas electromagnéticas, ya que las antenas se transmiten horizontalmente. Con respecto a ello explicó que "las ondas que resultan más nocivas son las de las antenas de edificios colindantes que las de la propia casa".

Pese a que el 99% de los informes realizados descarta cualquier peligro para la salud en las instalaciones, algunos ayuntamientos, como A Coruña, Valencia, Murcia o Zaragoza suspendieron temporalmente la concesión de instalaciones.

 

Debate sobre la distancia y la potencia

Los organismos que han regulado la seguridad para la salud de las antenas de telefonía móvil han mantenido criterios contrapuestos a la hora de medir los niveles de exposición de las ondas electromagnéticas. La mayoría de los expertos atribuyen mayor trascendencia a la potencia con que emita el equipo. En este sentido afirman que "es necesario garantizar el cumplimiento de los límites de potencia en estas emisiones".

Sin embargo, los ciudadanos se sienten impotentes para evaluar la potencia con que emiten las antenas y prefieren que las normativas les garanticen una distancia adecuada para mantenerse alejados de las antenas.

En las regulaciones realizadas en Cataluña, Castilla-La Mancha y Zaragoza se han establecido distancias mínimas de 10 metros entre equipos y personas. Además se fijan unas restricciones adicionales que implican la determinación de un área de protección en forma de paralelepípedo con unas distancias mínimas a los sistemas radiantes de 10 por 6 y por 4 metros para mayor garantía de preservación del espacio vital de las personas. En el interior de este paralelepípedo no podrá situarse ninguna zona de paso donde exista un uso y exposición continuada para las personas.

En aquellos casos en que dicho volumen coincida con alguna zona de paso será obligatorio modificar la posición del sistema radiante. Las distancias habrá que considerarlas desde el sistema radiante siempre en la dirección de máxima radiación. Asimismo, en la ordenanza de Zaragoza se habla de que no habrá ninguna estación base o radioenlace situada a menos de 100 metros, medidos horizontalmente, de parcelas donde existan guarderías, escuelas de enseñanza infantil, ciclos obligatorios y centros sanitarios.

Sin embargo, en la recomendación del Consejo de la UE no se establece ninguna zona de protección o exclusión.