Los trabajadores de Sintel deciden si ponen fin a seis meses de protestas
La solución llega en plena canícula al campamento que los 1.800 trabajadores de Sintel mantienen desde el pasado 29 de enero en el paseo de la Castellana de Madrid. Hoy votarán en asamblea el desmantelamiento del campamento si el Gobierno formaliza el acuerdo que alcanzó con los sindicatos y Telefónica para las recolocaciones y prejubilaciones. Lo más difícil, satisfacer los atrasos salariales, se consiguió ayer, mediante un crédito puente del BBVA.
Un principio de acuerdo entre Gobierno y representantes sindicales de Sintel (CC OO y UGT) para negociar la solución a un largo conflicto se presentará hoy a la asamblea de trabajadores de la extinta empresa para su refrendo, si el Ejecutivo formaliza sus compromisos para el plan social de recolocaciones, bajas incentivadas y prejubilaciones.
Al cierre de esta edición, los representantes sindicales se mantenían a la espera de una decisión sobre este plan, que afectaría aproximadamente a la mitad de la plantilla. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos no trató el tema de Sintel en su reunión de ayer, como en un principio esperaban los representantes de Sintel.
Sin embargo, ayer se salvó el principal escollo: agilizar los trámites del Fogasa para abonar las nóminas atrasadas. En un principio, se pensó en adelantar el importe de la deuda salarial al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a través de un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros). Pero el ministro de Economía, Rodrigo Rato, descartó ayer esta posibilidad, por inadecuada desde el punto de vista jurídico.
De modo que, finalmente, la sociedad civil que constituyó el miércoles el colectivo de empleados (Asociación de Trabajadores de Sintel) y los Ministerios de Trabajo y Ciencia y Tecnología consiguieron ayer articular un crédito preferente del BBVA por el mismo importe, que sufragará las seis nóminas que habían dejado de percibir los trabajadores antes de que la empresa suspendiera pagos el año pasado, según confirmaron fuentes sindicales y gubernamentales.
Estas últimas señalaron que el BBVA se ha prestado a colaborar en la solución del conflicto, porque en el preacuerdo de los sindicatos con el Gobierno esta entidad gestionaría el plan de prejubilaciones, que afectará a unos 550 trabajadores.
Recolocación
En el principio de acuerdo, el Gobierno asume que la recolocación afectará a una cifra de entre 800 y 1.000 trabajadores de Sintel. Los sindicatos exigían que fuera en empresas del Grupo Telefónica, aunque finalmente no será así y han aceptado que sea en empresas suministradoras, siempre que se garantice un contrato indefinido y que respete el lugar de residencia del trabajador.
Antonio González Hevia, secretario de comunicación de la federación minero-metalúrgica de CC OO, asegura que "no hay una lista de empresas candidatas, entre otras razones porque no sería serio que la hubiera, dado que el plan de recolocación lo gestionará la asociación de trabajadores de Sintel, y no lo hará antes de septiembre".
Los rumores se ciernen sobre Dyctel (del Grupo Dragados), Cobra (ACS), Abentel (Abengoa), Avánzit, Elecnor y Montreal. Aunque estas empresas no lo desmienten, tampoco parece que haya disponible ningún portavoz para confirmarlo.
Sólo Elecnor confirmó que están "abiertos a colaborar, en la medida que podamos satisfacer a un cliente tan importante como Telefónica". Fuentes de esta empresa aseguraron que se están manteniendo conversaciones con la compañía que preside César Alierta y que preveían llegar a alguna conclusión a finales de la semana que viene. Lo más difícil, asegurar las mismas condiciones de empleo a los trabajadores.