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El PSOE pide cuentas a cinco ministros por Gescartera

El PSOE, a través de su portavoz en el Congreso, Jesús Caldera, ha pedido que cinco ministros del Gobierno den explicaciones sobre el caso Gescartera. Pilar Valiente, presidenta de la CNMV, comparece hoy en la Comisión de Economía del Congreso para explicar la actuación del organismo regulador en este caso. Pero el PSOE considera que Rodrigo Rato (porque Economía autorizó la conversión en agencia de Gescartera), Cristóbal Montoro (para explicar la implicación de Enrique Giménez-Reyna), Mariano Rajoy y Federico Trillo (por las inversiones de la Guardia Civil y la Armada en Gescartera) y Jesús Posada (por las incompatibilidades de Luis Ramallo) deberían comparecer "antes de irse de vacaciones".

En este sentido, Caldera no descarta convocar la diputación permanente del Congreso ni pedir una comisión de investigación. El PP, a través de su portavoz en la Comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez Pujalte, respondió tachando de "irreflexiva, irresponsable e ignorante" la oposición ejercida por el PSOE, al tiempo que defendió la actuación de la CNMV en el caso Gescartera. Respecto a las implicaciones de Luis Ramallo (ex vicepresidente de la CNMV) en el caso, el secretario general del PP, Javier Arenas, aseguró que "Ramallo ha sido un gran diputado y compañero de partido muchos años y dará explicaciones convincentes" a todas las informaciones que se están ofreciendo.

Dimite Morey

Por otro lado, ayer el cantante Jaime Morey, consejero delegado del grupo Gescartera e imputado por la Audiencia Nacional, presentó la dimisión como asesor artístico sin remuneración de Eduardo Zaplana, presidente de la Comunidad Valienciana.

La Audiencia Nacional, mientras tanto, siguió ayer con los interrogatorios relacionados con el caso Gescartera. Según fuentes jurídicas, el asesor fiscal Julio Rodríguez declaró que Antonio Camacho, el máximo accionista de Gescartera y único encarcelado por el caso, le pagaba 975.000 pesetas mensuales para representar a los amigos de Camacho que estaban siendo investigados por Hacienda.

Dicho testigo declaró no conocer la procedencia de su salario. Además, durante los cuatro años en los que Rodríguez actuó como asesor fiscal, sólo atendió a cuatro clientes. De éstos, tres eran personas físicas, y el cuarto, una sociedad denominada Promociones Andolini, cuyo administrador era el propio Antonio Camacho. Las tres personas físicas fueron sancionadas por Hacienda, una de ellas por delito fiscal. La juez Teresa Palacios, paralelamente, ha rechazado el recurso al auto de prisión de Antonio Camacho.

Por otro lado, el diario El País publicó en su edición de ayer que una empresa filial de Indra y de los astilleros públicos Izar había invertido 600 millones de pesetas en Gescartera. La sociedad Saes, dedicada a la electrónica submarina, colocó el dinero en 1996.

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