El Supremo eleva cuatro años cada pena por el "caso Lasa y Zabala"
El Tribunal Supremo aumentó ayer cuatro años las penas impuestas al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el teniente coronel Ángel Vaquero y los ex agentes de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo por el caso Lasa y Zabala.
En una sentencia en la que resuelve los recursos interpuestos contra otra dictada por la Audiencia Nacional, el Supremo estima que debe aplicarse a todos ellos el agravante de "prevalerse del carácter público" en los dos delitos de detención ilegal por los que fueron condenados, lo que supone incrementar dos años la pena que les fue impuesta por cada uno de ellos.
De este modo, la condena que la Audiencia Nacional impuso el 26 de abril del año pasado a Elgorriaga y Galindo por el secuestro y asesinato en 1983 de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que era de 71 años, pasa a ser de 75 años; la de Vaquero pasa de 69 años a 73, y la de Dorado y Bayo, de 67 años y ocho meses a 71 años y ocho meses. Para el Supremo, lo sucedido en 1983 "constituye un caso de perversión de los medios en atención a los fines, con olvido de que, desde la legitimidad de la sociedad a defenderse del terror, esta defensa sólo puede llevarse a cabo desde el respeto a los valores que definen el Estado de Derecho, y por tanto sin violar lo que se afirma defender".
Tanto la defensa de Ángel Vaquero y Enrique Dorado como la de Enrique Rodríguez Galindo anunciaron ayer que recurrirán la sentencia. En el caso del general de la Guardia Civil, la Ley 42/1999 del Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil establece que se pierde la condición de guardia civil y de militar de carrera de este cuerpo, entre otros motivos, por la pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La condena de Galindo incluye una pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y también de suspensión de cargo público.