Competencia investiga el nuevo sistema de reservas de Iberia
El ministro de Economía ha remitido a la Subdirección General de Conductas Restrictivas de la Competencia, integrada en los servicios de defensa de la Competencia, el acuerdo alcanzado por Iberia con el BBVA, Banco Popular y Caja Madrid, para crear una sociedad a través de la cual se articulará un nuevo y revolucionario sistema de reservas para la compañía aérea.
Según lo comunicado por Iberia al Gobierno, en esta nueva sociedad la aerolínea contará con un 40% del capital y las tres entidades financieras se repartirán a partes iguales el 60% restante.
El objetivo principal del nuevo negocio es desarrollar una tarjeta de pago cuya utilización daría acceso directo, sin billetes ni tarjetas de embarque, a los aviones de la compañía aérea.
Está previsto que el nuevo sistema se implante, en un primer momento, en el puente aéreo Madrid-Barcelona al objeto de hacer frente a la competencia que esta línea tendrá en breve por parte de Renfe y su nuevo servicio de alta velocidad.
La compañía presidida por Xabier de Irala busca limitar, con mayores dosis de fluidez en las operaciones de facturación y embarque del pasaje, la más que previsible pérdida de cuota de mercado y negocio que estima le provocará al entrada en funcionamiento dentro de unos años de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Las previsiones del grupo Iberia apuntan a que perderá en torno al 50% de su mercado actual.
Exclusividad
Según fuentes cercanas a la nueva empresa, el acuerdo formalizado entre Iberia y las tres entidades financieras para poner en marcha el servicio tiene carácter de exclusividad. Esta peculiaridad podría haber sido, de acuerdo con los medios citados, el que el Gobierno haya decidido investigar en profundidad el acuerdo.
El Ejecutivo estaría así utilizando el antecedente que ya sentó cuando tuvo que analizar el acuerdo que firmaron el BBVA y Telefónica para desarrollar un sistema de pago a través del teléfono móvil, utilizando la sociedad conjunta Movilpago.
El Gobierno en esta ocasión siguió el criterio marcado por la Subdirección General de Concentraciones y condicionó su visto bueno a Movilpago a que la compañía garantizara el acceso al servicio a cualquier operador financiero o de telefonía móvil que pidiera su adhesión al mismo.
Además, pidió que se asegurara la neutralidad y no discriminación a otros operadores interesados en el negocio.