La fiscalía se querella por indicios de delito en la gestión de Sintel
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra la familia de origen cubano Mas Canosa, antigua propietaria de Sintel. Considera que existen indicios de responsabilidad por un presunto delito de "insolvencia punible" debido a una gestión fraudulenta, que ha llevado a la empresa a la quiebra. Por su parte, los trabajadores de Sintel se mostraron dispuestos a negociar la propuesta del Gobierno para su recolocación si éste clarifica las condiciones de las ofertas de empleo, del programa de prejubilaciones y del pago de las 11 nóminas pendientes.
El conflicto de Sintel podría encontrarse en la recta final. Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los antiguos responsables y administradores de Sintel, la familia de origen cubano Mas Canosa, ante la Audiencia Nacional. Según fuentes fiscales, la acusación se formula por un presunto delito de insolvencia punible de la compañía, es decir, por una gestión delictiva o fraudulenta. Un delito que el Código Penal castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses.
La querella será tramitada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, que se encuentra de vacaciones. Por este motivo es el juez Baltasar Garzón quien, de momento, se ha hecho cargo de la querella hasta que Ruiz Polanco se incorpore a su puesto. Fuentes jurídicas no confirmaron si la querella ha sido admitida a trámite, algo que podría suceder en las próximas horas.
Se acepta el plan
Por el otro, los trabajadores de la compañía y el comité de la Federación Minerometalúrgica de CC OO calificaron ayer la propuesta del Gobierno de recolocar entre 800 y 1.000 trabajadores en las empresas que trabajan para Telefónica como "una base de partida aceptable para resolver el conflicto".
No obstante, condicionaron su disposición de llegar a un acuerdo "al esclarecimiento del programa de jubilación anticipada, las condiciones de las bajas voluntarias y las condiciones exactas de las ofertas de empleo incluidas en el programa. En este sentido, creen "necesario que los empleos sean fijos y su distribución geográfica, similar a la tenían en Sintel y que, por supuesto, no exista trato discriminatorio en ninguno de los procesos de recolocación", apuntó José Ignacio Fernández Toxo, secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO.
El plan social de prejubilaciones incluido en la propuesta podría beneficiar a 570 empleados. Tanto el Comité Intercentros como CC OO consideran que el Gobierno y Telefónica "deben estar abiertos a otras medidas alternativas que garanticen el empleo a todos los trabajadores de Sintel o la entrada de un socio industrial". Además, estiman imprescindible que se concreten "los instrumentos, la forma y el momento en que se va a proceder al abono de la deuda salarial que ya asciende a 11 nóminas", añadió Toxo.
Sólo en estas condiciones, las organizaciones de Comisiones Obreras están dispuestas a suspender las movilizaciones que vienen desarrollando. De momento, emplazan al Gobierno a fijar una fecha para celebrar una reunión entre las partes. El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, calificó la lucha de los trabajadores "como ejemplar, ya que están en el camino de conseguir sus objetivos". Un ejemplo de ellos son las acciones legales emprendidas contra los antiguos propietarios de Sintel después de que los trabajadores pusieran una denuncia por anomalías en gastos financieros.
El fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, abrió diligencias tras investigar la entrada en Sintel del empresario cubano ya fallecido, Jorge Mas Canosa (1996), y la posterior gestión de la compañía.