Gobierno y PSOE pactan un modelo estable de financiación autonómica
El Ministerio de Hacienda llegó ayer a última hora de la tarde a un acuerdo con los Gobiernos autonómicos del PSOE sobre el nuevo modelo de financiación. El volumen total de fondos queda fijado en 8,57 billones de pesetas. Se cede el 33% del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de los impuestos de hidrocarburos, tabaco y alcohol, y el 100% de electricidad y matriculaciones. Pujol volvió a pedir tiempo para ratificar el acuerdo.
No ha sido necesario esperar a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los barones del PSOE dieron ayer por zanjada la negociación del nuevo modelo de financiación y aceptaron la última oferta económica del Gobierno. La "restricción financiera inicial" queda fijada en 8,57 billones de pesetas y el censo de población de referencia será el correspondiente a 1999, según Hacienda.
Este dinero no incluye la liquidación, correspondiente al quinquenio 1997-2001, de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, comunidades que no aceptaron el anterior modelo. Estos fondos, de los que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, evitó dar datos concretos, deberán pactarse en las respectivas comisiones mixtas.
Los dirigentes del PSOE intentaron durante todo el día arrancar más dinero para Asturias y Aragón, pero la negativa de Hacienda les obligó a ceder en sus pretensiones. Fue una tarde plagada de conversaciones telefónicas, don-de la intervención de Manuel Chaves, presidente de Andalucía, fue decisiva.
Con todo, una voz discordante empañó la satisfacción del Gobierno por el acuerdo con los socialistas. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, insistió ayer en que "necesita tiempo para ratificar cualquier acuerdo".
Hacienda y las comunidades han pactado, finalmente, la cesión del 33% de la tarifa del IRPF, del 35% del IVA, del 40% de los impuestos de hidrocarburos, tabaco y el impuesto especial sobre alcoholes y cerveza y del 100% de los impuestos sobre la electricidad y sobre matriculaciones. De esta manera, los recursos vía impuestos pasan del 26% al 50% de la financiación. Cuando el traspaso de la sanidad se haga efectivo, el gasto de las comunidades superará el 40% del de todas las Administraciones públicas.
Montoro insistió en que el principio de acuerdo se ha alcanzado con las comunidades socialistas, no con los órganos del partido, y recordó la "imprudencia" de prolongar la negociación más allá del viernes "dada la cercanía de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado". El ministro aseguró que el Gobierno "ha intentado [con su propuesta] acercar los recursos regionales a las competencias de cada comunidad".
Pese al aumento de recursos impositivos, la cesión de impuestos es insuficiente para financiar el nivel de gasto de la mayoría de las comunidades, por lo que se dotará a los territorios de ingresos adicionales a través de un fondo de suficiencia, que evolucionará en función de los ingresos del Estado. Todas las comunidades, con la excepción de Madrid y Baleares, necesitarán recurrir en el futuro a este fondo para poder pagar sus servicios.
Según explicó ayer el secretario de Hacienda en funciones, Enrique Giménez-Reyna, la restricción inicial no incluye los ingresos condicionados, aquellos creados expresamente para garantizar la financiación sanitaria y de los servicios sociales. Giménez-Reyna hizo hincapié en los esfuerzos del Gobierno por garantizar estos fondos. El modelo marca el año base de la financiación sanitaria, aun cuando todavía no se ha hecho efectivo el traspaso de competencias a 10 comunidades autónomas. Es decir, establecerá cuánto dinero, como mínimo, habrán de gastar los territorios en sus servicios de salud.
Fijadas las líneas generales, el ministro quiere llevar a debate el viernes dos cuestiones de índole menor y referidas a la capacidad normativa de los territorios. En el caso del impuesto sobre el patrimonio hay que decidir si el límite conjunto de la cuota íntegra del IRPF y el impuesto sobre el patrimonio lo fijan las comunidades autónomas y si los Gobiernos regionales aceptan finalmente capacidad normativa para gestionar el impuesto de matriculación y electricidad.
El 33% del IRPF deberá garantizar la progresividad del tributo
La tesis de Bruselas se ha impuesto. Hacienda mantendrá la capacidad normativa sobre el IVA y la mayoría de los impuestos especiales, y sólo preguntará el viernes a los consejeros de Economía si están dispuestos a tomar decisiones legislativas en matriculaciones y electricidad.
Descartada la corresponsabilidad en casi todos los impuestos indirectos, Hacienda ha levantado parcialmente el veto en el IRPF y ha eliminado los limites que aún existían en los impuestos cedidos.
Montoro insistió ayer en mantener la progresividad en todo el IRPF. La tarifa autonómica de este impuesto deberá tener el mismo número de tramos que la estatal. No obstante, Hacienda ha decidido levantar el tope del 20% que hasta ahora constreñía la tarifa regional, de tal manera que ésta no podía dar lugar a una cuota tributaria superior o inferior en un 20% a la cuota resultante de aplicar la tarifa estatal.
Las comunidades podrán fijar el tipo en su porcentaje regional y establecer deducciones de carácter individual y familiar, pero una vez más se impide a los territorios fijar deducciones empresariales. Como novedad, el 15% de la actual deducción en vivienda en el IRPF se repartirá entre un tramo estatal (10%) y uno autonómico (5%) Este último se podrá variar, por arriba y por abajo, en un 50%.
En patrimonio, uno de los impuestos cedidos, se levanta cualquier restricción normativa sobre la tarifa, se eliminan los límites en el caso del mínimo exento y las deducciones y bonificaciones se podrán fijar libremente. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales se amplían las competencias normativas sobre el tipo de gravamen, de manera que incluya bienes muebles, y se dan mayores competencias en gestión y recaudación. En sucesiones y donaciones, tendrán total capacidad normativa en la tarifa.
Las deducciones y bonificaciones podrán fijarse libremente.
Los Gobiernos
regionales fuerzan al PSOE al acuerdo
Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE presionaron ayer al secretario de economía del partido, Jordi Sevilla, para que aceptara finalmente el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno. Desde el primer momento, ninguna de ellas estaba dispuesta a aceptar que la disciplina de partido les condujera a tomar decisiones que perjudicaran sus respectivos intereses.
Esta clara advertencia fue trasladada a Sevilla por los seis barones regionales del PSOE, en la reunión que mantuvieron por la mañana en la sede del partido con el ánimo de adoptar una posición conjunta ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo viernes.
Sevilla salió de la reunión pidiendo a Montoro "un último esfuerzo" para lograr el apoyo de todas las comunidades socialistas, llegando a asegurar que, de no producirse un mayor acercamiento, el PSOE cambiaría el modelo propuesto cuando ganara las próximas elecciones. Mientras Sevilla realizaba estas declaraciones, los responsables autonómicos del PSOE reivindicaban su derecho a tomar decisiones con independencia del partido.
Chaves intercede
El más claro fue el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que anunció, incluso antes que el partido, que su comunidad apoyaría "con toda seguridad" el nuevo modelo de financiación que presentará el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el CPFF. "El planteamiento del modelo propuesto por el Gobierno nos beneficia mucho y no tendría sentido oponernos", dijo.
Por su parte el presidente aragonés, Marcelino Iglesias; el balear, Francesc Antich, y el asturiano, Vicente Álvarez Areces, advirtieron que cada comunidad "tiene la obligación" de defender aquellos criterios que sean más beneficiosos para sus propios ciudadanos". Por la tarde, y tras una serie de conversaciones telefónicas entre Montoro, Sevilla y el presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves, se llegó a un principio de acuerdo, una vez que fueron salvadas las últimas reticencias de Aragón y Asturias.