Las cajas piden que la Ley Financiera establezca el carácter privado del sector
Las cajas han pedido al Gobierno y a los políticos que se aproveche la Ley Financiera para dejar claro, a través de su definición por ley, que las cajas son entidades privadas. Con ello se pretende reforzar la limitación política en estas instituciones y contar con un argumento más en defensa de su marco legal ante Bruselas.
Las cajas de ahorros han pedido al Gobierno y a los partidos políticos que se aproveche la futura Ley Financiera para incluir por ley la definición de estas entidades de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional: las cajas de ahorros son entidades de crédito privadas de carácter fundacional. Con esta fórmula las cajas quieren asegurarse por ley que continuarán siendo privadas y evitar de una vez por todas la intromisión política en su gestión y control.
Esta petición, que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, es coherente con la nueva redacción que se dará al artículo 1 de la Ley 31/1985, sobre regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de Ahorros (Lorca) y con la que se pretende terminar con la politización de estas entidades y limitar al 50% el peso político en los máximos órganos de gobierno de las cajas.
Además, será un argumento más de defensa en el caso de que Bruselas insista en considerar al sector entidades públicas. Y más después de que la Comisión Europea ya ha llegado a un pacto con el Gobierno alemán para resolver la situación de las 550 cajas de ahorros alemanas y de sus 13 bancos públicos, al retirarles el sistema de garantías públicas de las que disfrutaban históricamente.
La CECA y todas las cajas consideran insuficiente la limitación al 50% del peso político en sus consejos, razón por la que quieren que el PP o el PSOE introduzcan por iniciativa parlamentaria una serie de enmiendas a la futura Ley Financiera en la que se recoja su carácter privado.
Alianzas de cajas y CECA
Una de las redacciones manejadas por el Gobierno y políticos de los cambios en materia de cajas que se pretende introducir en la Ley Financiera dice textualmente: "En ningún caso la representación de entidades y corporaciones de derecho público en sus órganos de gobierno (cajas) podrá superar en su conjunto el 50% de los derechos de voto en cada uno de tales órganos (asamblea, consejo y comisión de control)". El carácter privado de las cajas se reforzará, además, con otra definición: "Los miembros de tales órganos ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su función social. Sus nombramientos serán irrevocables durante todo el periodo de duración de sus mandatos". Aunque en este caso se ponen limitaciones como la pérdida de la honorabilidad comercial y profesional.
Otro punto abordado por los políticos, Economía y las cajas es la potenciación de las alianzas entre estas entidades, las denominadas fusiones virtuales. La intención con este apoyo a las alianzas, que se pretende recoger en la Ley Financiera, es sortear los problemas políticos existentes para la fusión de cajas de distintas autonomías.
Aunque legalmente se pueden producir fusiones interregionales, las dificultades políticas hacen inviables estos proyectos. Por ello, se pretende fomentar las alianzas entre cajas e incluso la CECA con la finalidad de reducir los costes operativos de las entidades que la integren o para aumentar su eficiencia. De esta forma, también se pretende potenciar el papel de la CECA, sobre todo como apoyo a las cajas más pequeñas.
El texto inicial que se empezó a discutir al respecto y que se espera que no tenga muchos cambios decía: "El consejo de administración (de una caja) podrá delegar alguna o algunas de sus facultades de gestión en los órganos de gobierno de las entidades que constituyan y articules alianzas entre cajas o los creados al efecto en el seno de la CECA".