65.000 empresas se han adherido ya al arbitraje de consumo en España

Una evolución vertiginosa llevada a cabo en menos de 10 años. El arbitraje de consumo en España cuenta ya con un total de casi 65.000 empresas adheridas. La última memoria del Instituto Nacional de Consumo concluye que en 2000 el número de compañías creció un 22% y el número de peticiones de arbitraje alcanzó los 26.500. Como en años anteriores, el sector que ha contado con más reclamaciones, el 27% del total, ha sido la telefonía móvil y fija.

El fuerte crecimiento que está experimentando el arbitraje de consumo cobra más importancia, si cabe, cuando se tiene en cuenta algo que en las aulas de derecho civil se ha repetido siempre hasta la saciedad: el hecho de que los españoles se han caracterizado tradicionalmente por preferir acudir a los tribunales antes que por resolver los conflictos de forma negociada.

Así lo reconoce también el Instituto Nacional de Consumo, que concluye en su última memoria que, pese a las dudas que rodearon su puesta en funcionamiento, el sistema de arbitraje de consumo funciona y se amplía año tras año a más compañías y a más consumidores. Así, la cifra de empresas adheridas -fácilmente identificables por ostentar un distintivo que se otorga de forma oficial- ha crecido un 22% en 2000 y se ha situado en casi 65.000. Además, las juntas arbitrales, los organismos encargados de resolver estos conflictos, recibieron un total de 26.543 solicitudes, lo que supone un 10% más que en 1999. El 97,5% de esas peticiones de arbitraje fueron admitidas. æscaron;nicamente 654 resultaron rechazadas.

Otro signo que muestra la evolución que ha experimentado el sistema es el número, cada vez más elevado, de consumidores que presentan directamente su solicitud de arbitraje en las juntas encargadas de resolverlas. Así, durante el año 2000 casi la mitad de las reclamaciones ( 12.565) fueron planteadas directamente por los ciudadanos, mientras que el resto fue canalizado a través de organismos públicos y, a gran distancia, de organizaciones de consumo.

Cataluña es, con diferencia, la comunidad autónoma en la que se plantean más peticiones de arbitraje, con un total de 6.828. Tras ella se sitúan Madrid (4.325), Andalucía (3.046) y Valencia (2.655).

Telefonía y tintorerías

Un año más, el sector de la telefonía fija y móvil se sitúa a la cabeza en el número de reclamaciones y acapara el 27% del total. Los conflictos surgidos entre consumidores y tintorerías ocupan el segundo puesto, con un 11%, mientras que el tercero corresponde a la enseñanza, con un 6,5% de peticiones. Tras ellos se sitúan la vivienda y la reparación de automóviles.

Según recoge la memoria de Consumo, la cuantía media de las reclamaciones efectuadas por los consumidores ha disminuido alrededor de 10.000 pesetas, de 107.210 pesetas en 1999 a 97.336 en 2000.

A lo largo de 2000 fueron resueltas 13.664 controversias entre consumidores y empresarios, lo que supone un incremento del 20% respecto al año pasado. De los casi 10.000 laudos emitidos, el 47% se dictó a favor del consumidor, mientras que el resto se desestimó y se dio, por tanto, la razón al empresario.

El sistema arbitral de consumo fue implantado a través de un real decreto de 1993. Entre las características del sistema, muchas de las cuales se comparten con las demás modalidades de arbitraje, destaca la rapidez (el laudo debe dictarse en un plazo máximo de cuatro meses) y la gratuidad (las partes únicamente costean los peritajes en ciertos supuestos).

Se trata de una formula de resolución de conflictos de carácter voluntario, aunque, una vez aceptado el arbitraje y resuelto el conflicto, la decisión del árbitro es obligatoria. En ese sentido, los laudos tienen el mismo valor ejecutivo que las sentencias dictadas por los tribunales de justicia.

 

Una red europea para conflictos transfronterizos

El arbitraje de consumo se impone en toda Europa. Consciente de que puede convertirse en una valiosa válvula de escape para los sobrecargados sistemas judiciales de los Estados miembros, la Unión Europea está poniendo en marcha una red europea de arbitraje de consumo transfronterizo. El nuevo sistema, que entrará previsiblemente en funcionamiento a finales de este año, integra más de 200 organismos extrajudiciales de resolución de conflictos con consumidores. Entre ellos, figuran las 66 juntas arbitrales que se encargan de resolver las disputas entre ciudadanos y empresas en España.

La red de consumo europea permitirá a los consumidores disponer en cada Estado miembro de un organismo único al que dirigir sus solicitudes de arbitraje, con independencia del país de la empresa cuya prestación de servicios o venta haya motivado la reclamación.

La iniciativa, que los Quince consideran fundamental para respaldar el crecimiento del comercio electrónico, está dirigida a facilitar a los europeos información, asesoramiento y asistencia en sus reclamaciones ante organismos de arbitraje de otro país. La Comisión Europea pretende que en la red se integren, además, los órganos de arbitraje con competencia nacional. En España sería la Junta Arbitral de Consumo.