Un juzgado declara la suspensión de pagos de Boliden Apirsa

Un edicto del Juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha declarado la suspensión de pagos de Boliden Apirsa, la empresa cuya balsa de residuos provocó el vertido tóxico sobre el entorno del parque nacional de Doñana en 1998.

La empresa presentó la solicitud ante el juzgado el pasado 2 de octubre, al tiempo que anunció el abandono de la explotación del yacimiento de Aznalcóllar (Sevilla) para el próximo mes de noviembre. El juzgado ha convocado la junta general de acreedores para el próximo 29 de octubre.

La empresa solicitó la intervención judicial reconociendo una deuda de más de 14.000 millones de pesetas (84 millones de euros) en la fecha de la solicitud, de los que más de 9.000 millones de pesetas (54 millones de euros) tienen como acreedor a Boliden Limited, la matriz de la empresa, a través de la sociedad Harnischfeger, división financiera del grupo.

El edicto coloca en la lista de principales acreedores a la Seguridad Social a Cepsa, como suministradora de gasóleo, y a las empresas General Química y Andaluza de Obras y Minería. Según un portavoz de la compañía, el edicto del juzgado ratifica que los activos de la compañía son superiores al pasivo.

Boliden ha invertido 60.000 millones de pesetas (360,6 millones de euros) en la explotación de Aznalcóllar. Las pérdidas desde enero de 1997 ascienden a 19.664 millones de pesetas (118 millones de euros) según la compañía. Boliden tiene una deuda acumulada en el mundo de unos 140.000 millones de pesetas (841,4 millones de euros).