La huelga general contra el ajuste logra amplio apoyo en Argentina
Las principales actividades y regiones de Argentina quedaron paralizadas ayer por la huelga general convocada por las tres centrales sindicales. La jornada, que transcurrió sin incidentes, fue sacudida sin embargo por las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, quien advirtió que su región podría entrar en suspensión de pagos a finales de mes si no se aprueba su plan para reducir salarios y emitir bonos para el pago a funcionarios y proveedores. Alfonsín insiste en suavizar la política de ajuste del Gobierno.
La falta de transporte fue un elemento clave en el masivo seguimiento de la huelga general de 24 horas de ayer. Excepto en parte del sector comercial y de la banca privada, la medida de fuerza convocada por las tres centrales sindicales del país fue acatada en las principales capitales provinciales y, especialmente, en Buenos Aires y sus alrededores. El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT, línea oficial), Rodolfo Daer, dijo que la huelga fue seguida por el 90% de los trabajadores de todo el país y que espera que el Gobierno nacional "plantee mañana alternativas diferentes".
Un pensamiento similar fue expresado por el ex mandatario argentino y líder de la oficialista Unión Cívica Radical (UCR), Raúl Alfonsín. Distanciado del presidente Fernando de la Rúa, Alfonsín consideró que "el paro se podría haber evitado, ya que los dirigentes sindicales estaban dispuestos a colaborar y ayudar, pero "de pronto se les cerró todo camino de discusión".
Esta dura crítica contra el Ejecutivo que sostiene aleja aún más a Alfonsín del entorno presidencial y lo convierte en el eje de un eventual recambio político en el caso de que De la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, fracasen en su proyecto de imponer un déficit fiscal cero. Las dificultades en instrumentar su programa de reducción de salarios y pensiones, resuelto a través de un decreto, trataban de superarse ayer mediante negociaciones con la oposición peronista y con los dos partidos que integran la Alianza gobernante. De la Rúa y Cavallo discutían por la tarde con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, "la articulación en el Congreso del consenso que requiere la sanción de las leyes enviadas por el Ejecutivo".
Falta de recursos
Más allá del apoyo formal brindado el martes por los gobernadores peronistas, lo real es que nadie quiere hacerse cargo, en los partidos, de la impopularidad del nuevo recorte en salarios y pensiones estatales. Apenas iniciada la huelga de ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, conmocionó al Gobierno y a los operadores del mercado al afirmar que su región podría entrar en suspensión de pagos. "A fin de mes, durante los primeros días de agosto, cuando tenga que pagar los salarios, si no me dan los instrumentos que la Nación me obliga a tomar, no tengo posibilidad de pagar", afirmó. De esta manera, el vicepresidente con Carlos Menem salía al paso del fallo de la Suprema Corte de la Provincia que declaraba inconstitucional su decreto de reducción de salarios y de introducción de un bono provincial para utilizarlo como pago.
El miércoles, el grupo parlamentario de la Alianza, que es mayoritario en el Parlamento provincial, también había rechazado el proyecto de ley de Ruckauf. Apenas conocidas las manifestaciones del gobernador, los políticos de la Alianza provincial viraron 180 grados su posición y anunciaron su disposición a negociar y votar esa ley. En las pocas horas transcurridas entre ambas declaraciones, el riesgo-país trepó nuevamente a 1.600 puntos, en tanto que la Bolsa de Buenos Aires terminó con una caída del 1,68%.
Mientras este capítulo parece en vías de solución, el Gobierno trata de convencer a los dos partidos que lo integran y al peronismo de que es urgente que el Congreso de la Nación apruebe el núcleo del plan de ajuste.