Bruselas liberará de sanción a la empresa que delate un cartel
La Unión Europea está decidida a ganar la batalla contra los acuerdos ilegales para fijar precios. Bruselas presentó ayer los nuevos beneficios que percibirán las empresas que colaboren en la investigación de estos pactos. Al modo de la figura del testigo protegido estadounidense, la primera compañía en aportar una información que permita actuar a las autoridades europeas gozará de inmunidad y será eximida de la multa que prevé la legislación comunitaria de competencia.
El comisario europeo Mario Monti fue muy claro ayer al afirmar que los carteles de precios son la gran bestia negra de las autoridades europeas de Competencia. Bruselas anunció los nuevos beneficios que percibirán las empresas que hayan participado en un acuerdo de fijación de precios y presten información para llevar a cabo su desmantelamiento.
Las nuevas normas, que actualizan las adoptadas por la Comisión Europea en 1996, persiguen horadar el muro de silencio que recubre estos acuerdos ofreciendo la inmunidad total al primer integrante del cartel que revele ante la Comisión la existencia del pacto. Hasta ahora, explican fuentes del departamento de Competencia, este delator debía aportar "evidencias decisivas" para beneficiarse del trato de favor. Con las nuevas normas, bastará que facilite "evidencias suficientes" para que la Comisión inicie una investigación. A cambio de la información, Bruselas garantizará al informante, por escrito y de modo confidencial, la inmunidad total a las sanciones que se deriven de la investigación. "Por supuesto, la información que nos facilite debe ser veraz y con contenido", señala la Comisión.
Si es así, el denunciante, con el anonimato garantizado, no volverá a tener noticias de la Comisión hasta que los servicios de Competencia "asalten por sorpresa" las dependencias de las empresas implicadas para buscar pruebas fehacientes del cartel. "Sólo el primer promotor del cartel, el que impulsó al resto a crearlo y mantuvo férreamente la disciplina, no podrá acogerse a ningún tipo de eximente", advierten fuentes próximas al comisario. La propuesta de ayer, que no entrará en vigor antes de 2003, aumenta en general los incentivos para que las empresas abandonen los acuerdos ilegales. Así, al resto de participantes en el cartel, la Comisión ofrece reducción en las sanciones de entre el 20% y el 50%, según el momento en que acepten colaborar con la investigación y la importancia de la información que proporcionen.
Monti, además, ha propuesto a los Quince una reforma de los servicios de Competencia que permitan a sus huestes asaltar no sólo el domicilio legal de las empresas, sino también los domicilios particulares de sus directivos. "En numerosos caso hemos encontrado instrucciones expresas a los empleados para que no conserven ninguna prueba del cartel en las dependencias de la empresa, ni siquiera en forma electrónica", indican fuentes de Competencia. "Los carteles son una práctica cada vez más sofisticada", acusa la Comisión. Y espera que su política anticartel alcance una sofisticación similar.
La Comisión ha incrementado en un 25% el personal de la unidad encargada de estas investigaciones, una práctica que no duda en calificar como "la más dañina de las violaciones de las normas de competencia". Unos 40 funcionarios integran ya el departamento, y aunque su labor se ve lastrada como el resto de la Dirección General de Competencia, por una sobrecarga de trabajo, lo cierto es que, desde mediados de 1998, la Comisión ya ha impuesto sanciones por valor de 1.000 millones de euros (166.386 millones de pesetas). En el trienio anterior, esa cantidad fue de 162,5 millones (27.000 millones de pesetas).