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La juez de la trama de Hacienda en Cataluña vuelve a registrar el grupo Núñez y Navarro

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, registró ayer por segunda vez la sede de la inmobiliaria Núñez y Navarro, propiedad del ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez. El pasado mes de mayo, la juez, que investiga la presunta trama de corrupción en la delegación de Hacienda de Barcelona, ordenaba registrar las mismas oficinas.

Desde primera hora de la mañana de ayer, agentes de la Unidad Económica de la Guardia Civil e inspectores de la Agencia Tributaria registraban las oficinas de Núñez y Navarro, situada en la calle Urgell de Barcelona, en presencia de un secretario judicial, buscaron documentos de fincas adquiridas o vendidas en los últimos 15 años. La comisión judicial requirió documentación sobre una cincuentena de empresas del grupo empresarial Núñez y Navarro, según Efe. Durante el registro, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, estuvo presente el hijo del ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez Navarro.

Núñez Navarro explicó que el registro se produce "a raíz" del que se llevó a cabo el pasado 3 de mayo con la intención de "acabar de ampliar la documentación".

El hijo de Núñez fue imputado por la juez Castelló en abril del año pasado como presunto cooperador necesario de los delitos de cohecho y prevaricación.

La magistrada investiga a 17 personas, entre inspectores y ex altos cargos de Hacienda en Cataluña, así como a testaferros y abogados. Las diligencias judiciales se iniciaron a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Núñez Navarro señaló que el registro se realiza por "temas my concretos" y explicó que los agentes de la Guardia Civil han preferido ir a las oficinas de la inmobiliaria antes de que les lleven "la documentación al juzgado", señaló.

Colaboración

Según el hijo del ex presidente azulgrana, este registro se lleva a cabo "para completar la documentación". Además, Núñez y Navarro reiteró su "colaboración" con la justicia.

La imputación de Núñez y Navarro se produjo por su supuesta vinculación con el responsable de la Unidad Regional de Inspección del sector inmobiliario, Manuel Abella, quien concluyó las 215 actas que abrió a 49 empresas del grupo inmobiliario sin que éstas tuvieran que pagar a Hacienda. Incluso el fisco les devolvió 20 millones de pesetas.

Supuestamente a cambio de su actuación, en 1994 el inspector compró a mitad de precio un dúplex en la zona alta de Barcelona tasado en 140 millones de pesetas. La compra se realizó en los días en que Abella cerraba las actas de inspección. También se investiga la adquisición de 19 fincas a la constructora por parte de otro de los inspectores imputados, José Lucas Carrasco.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, Abella se concertó con los responsables de las sociedades de Núñez y Navarro y efectuó una inspección a su medida "sin que realizase ninguna actuación efectiva de comprobación prescindiendo deliberadamente de la información del Banco de Datos Nacional como instrumento de cotejo y análisis".

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