Cataluña destina 251.000 millones a suelo industrial
La Generalitat de Cataluña, a través del Instituto Catalán del Suelo, invertirá más de 50.000 millones de pesetas en la compra y urbanización de 6.056 hectáreas de suelo para uso industrial. El Gobierno catalán paga el 20% del coste total, ya que la inversión pública y privada total será de 251.000 millones de pesetas.
El Plan de Actuación en Suelo Industrial y Actividad Económica 2001-2004 contempla la construcción de más de 36,34 millones de metros cuadrados de techo, que darán cabida a más de 120.000 puestos de trabajo. La inversión -de 251.000 millones de pesetas (1.508 millones de euros)- destina 103.000 millones de pesetas a la compra de suelo, mientras que el coste de obra urbanizadora es de 148.000 millones.
El 95% de la superficie de territorio que contempla el plan está clasificada como urbanizable. El 5% restante se debe conseguir a través de una modificación de usos urbanísticos.
El plan también pretende establecer las condiciones necesarias para adaptar la oferta de suelo industrial y actividades económicas a las necesidades de la sociedad catalana del siglo XXI, según manifestó ayer en rueda de prensa el secretario para Actuaciones Concertadas, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat, Ramón Roger.
Las actuaciones previstas se programan en siete demarcaciones, las comarcas de Girona, las comarcas centrales, las comarcas del Pirineo, las comarcas de poniente, el área metropolitana de Barcelona y el campo de Tarragona. El área metropolitana recibirá la mayor inversión del plan, un total de 107.310 millones de pesetas (644,9 millones de euros), seguida de las comarcas de Girona, que recibirán 38.946 millones de pesetas (234,07 millones de euros).
Las comarcas del Pirineo son las que recibirán menos inversiones, 3.292 millones de pesetas (19,7 millones de euros). El plan también espera contener los precios del suelo y la competitividad de las empresas. El objetivo, según Roger, es fomentar el desarrollo del suelo industrial reservado por los planes municipales de ordenación urbana y mejorar los servicios urbanísticos para preservar los niveles de calidad de las localizaciones.
También pretende preservar del desarrollo industrial el territorio no urbanizable, favoreciendo la protección de suelos de valor agrícola, forestal y paisajístico. Otro de los principios que rigen esta actuación es consolidar una oferta de suelo diversificada y de calidad.
Los efectos esperados so-bre la localización industrial son un aumento de la disponibilidad del terreno edificable, el mantenimiento de la competitividad de los precios y la articulación de la oferta a la demanda territorializada, según el director general de Urbanismo, Joan Llort.
La gestión y el planeamiento están sometidos a corto plazo a los cambios legislativos derivados de la nueva ley de urbanismo que se está tramitando en el Parlamento de Cataluña.