Costa Rica rechaza las protestas por la extracción de crudo
El presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, rechazó ayer las presiones de los grupos ecologistas, que le acusan de poner en peligro el ecosistema del Caribe al promover las explotaciones petrolíferas en la costa atlántica del país. Rodríguez defendió el derecho de Costa Rica para usar libremente sus recursos, a la vez que garantizó que las prospecciones respetarán el medio ambiente.
Los grupos ecologistas de Costa Rica acusan al Gobierno de "venderse" a los intereses de las grandes empresas extranjeras. La acusación viene por los derechos que el Ejecutivo ha otorgado a una compañía estadounidense para explorar y explotar las aguas territoriales en busca de yacimientos de gas y de petróleo.
Rodríguez está de visita oficial en España, y en la rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, José María Aznar, defendió la libertad de su país para utilizar sus recursos naturales. Aznar anunció un acuerdo de cooperación con Costa Rica por 60 millones de dólares (11, 7 millardos de pesetas) y su mediación ante el Club de París para aliviar en 70 millones de dólares las obligaciones del país caribeño.
El presidente costarricense explicó que el 99% de la generación de energía eléctrica en su país proviene de fuentes renovables, "pero eso no es óbice para buscar un mejor aprovechamiento del petróleo". Rodríguez añadió que el 25% de su territorio está separado para zonas de reservas y para nacionales. "Esto no nos impide aprovechar racionalmente el resto de nuestros recursos. Es más, nos obliga a utilizarlos para poder mantener esa parte reservada".
La región de Limón, en la costa atlántica sur del país, alberga una gran variedad de especies, que hacen del turismo de parques naturales su principal fuente de riqueza. Pero el Ejecutivo está ahora a punto de autorizar a la petrolera estadounidense Harken Holding que perfore el suelo marino para obtener gas natural y petróleo.
La medida ha tenido gran contestación social e incluso fue llevada a los tribunales en enero del año pasado por el grave riesgo que la actividad suponía para la zona. El Tribunal Constitucional falló primero a favor de las organizaciones sociales, pero en noviembre pasado rectificó en favor de la compañía. Ahora sólo falta el visto bueno del Gobierno para proceder a la perforación.
El Gobierno percibirá en diversas tasas casi el 45% de los beneficios que genere la operación.
Harken obtuvo en 1999 los derechos de otra petrolera de EE UU, MKJ, para explorar un territorio marino de casi 5.000 kilómetros cuadrados. La asociación ecologista Oil Watch afirma que Harken ha hecho ya más de 20.000 detonaciones marinas para investigar el lecho del mar. Las prospecciones en tierra firme no han dado ningún resultado en más de un siglo.