España es el segundo país en índice de quejas contra las instituciones europeas
Sólo superada por Francia y seguida muy de cerca por Alemania, España se ha convertido en el segundo país europeo que más quejas presenta al Defensor del Pueblo de la UE. Los datos, incluidos en la última memoria que ha presentado este organismo, revelan que la Comisión Europea es la institución más criticada por ciudadanos y empresas comunitarios. Las acusaciones contra Bruselas se concentran en la falta de transparencia y en la lentitud de sus decisiones.
España sigue una clara tendencia ascendente en cuanto al número de quejas presentadas por ciudadanos y empresas ante el Defensor del Pueblo de la Unión Europea. Así, del tercer lugar que ostentaba en los últimos informes de este organismo ha pasado al segundo puesto, sólo superada por Francia y seguida de cerca por Alemania.
La memoria del año 2000 que ha presentado la institución que dirige Jacob Söderman concluye que el 16% de las casi 2.000 quejas recibidas por este organismo proceden de Francia, mientras que el 13% lo hace de España, seguida de Alemania (13%), Italia (11%), Reino Unido (8%) y Bélgica (7%). Según explica la memoria, España se ha convertido, además, en líder en cuanto al envío de solicitudes de información a través de correo electrónico.
Al igual que ya ocurriera en anteriores informes, la Comisión Europea continúa centrando las críticas y las quejas por parte de particulares y compañías comunitarias. La mayor parte de las reclamaciones que dieron lugar a investigaciones en 2000 fue dirigida contra este organismo -el 83%-, seguidas muy de lejos por las enviadas contra el Parlamento Europeo, que recibió 16 quejas, el Consejo de la Unión Europea y un heterogéneo otros en el que se incluyen organismos como el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo o el Comité de las Regiones.
También como en años anteriores, la explicación que aporta la memoria a este liderazgo de la Comisión en cuanto al índice de quejas es el hecho de que la CE es la institución europea "que más decisiones toma con repercusión sobre los ciudadanos europeos".
En general, en la mayor parte de los casos las quejas sobre mala administración de las instituciones se centran en la falta de transparencia (95 asuntos), demoras injustificadas (84), abuso de poder (39), discriminación (27), inobservancia del derecho de defensa (26), negligencia (23) y errores jurídicos (20), entre otros.
El balance efectuado por Söderman en cuanto a la actuación de su organismo es claramente positivo. Así, la oficina del Defensor del Pueblo asegura haber recibido un total de 1.732 reclamaciones, frente a las 1.577 de 1999. En 112 de esas quejas no se apreció finalmente la existencia de mala administración, mientras que 76 fueron resueltas a favor del demandante; 31 se archivaron con un comentario crítico; 12 concluyeron con recomendaciones que fueron aceptadas por la institución, y en una se alcanzó una solución amistosa.
El texto de la memoria hace hincapié en el importante avance que ha supuesto la aprobación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales para mejorar las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, a raíz del Consejo Europeo que se celebró en Niza en diciembre de 2000. Así, Söderman recuerda que el artículo 41 de ese documento consagra el derecho de los europeos "a una buena administración", lo que implica la necesidad de que los organismos europeos tramiten los asuntos "de manera imparcial y justa y en un plazo de tiempo razonable".
Según el Defensor del Pueblo de la UE, no existe un conjunto de normas concretas que regulen la administración comunitaria como tal, por lo que "conviene que cada institución u organismo apruebe su propio conjunto de normas, es decir, un código de buena conducta administrativa".
La memoria explica que algunos órganos europeos ya han adoptado esta medida, "pero las principales instituciones no lo han hecho".
Los ciudadanos europeos reclaman más que las empresas
La memoria de las actividades de la Oficina del Defensor del Pueblo de la UE en 2000 demuestra que el sector más activo a la hora de defender sus derechos ante este organismo es el de los ciudadanos particulares. Así, según los datos contenidos en el informe, de las 1.732 reclamaciones enviadas a la oficina del Defensor el año pasado, 1.729 procedieron de particulares, mientras que 114 fueron remitidas por asociaciones y 76 por empresas.
Una de las razones que pueden explicar esta elevada participación de los ciudadanos europeos en relación con las empresas es el hecho de que remitir una queja al Defensor es una tarea relativamente sencilla. Así, las reclamaciones pueden presentarse a través de una carta o utilizando un modelo de formulario disponible en la página de este organismo en Internet (www.euro-ombudsman.eu.int) en cualquiera de las lenguas de la Unión Europea.
El plazo de presentación para hacerlo es de dos años a partir de la fecha en que se hayan conocido los hechos y no es necesario que la persona, asociación o empresa que presente la queja haya sido directamente afectada por el caso, aunque sí lo es que haya contactado con la institución u órgano al que denuncia.
Es importante recordar que el Defensor del Pueblo de la UE no puede actuar en asuntos que se estén tramitando en los tribunales o hayan sido resueltos por éstos.