El gasto en desempleo aumenta casi un 10% pese a la caída del paro

El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 627.784 millones de pesetas hasta mayo, con un crecimiento del 8,2% (44.090 millones más). Este incremento se produjo como consecuencia de un aumento en el número de perceptores, que llegó a una cifra media para los cinco primeros meses de 1.099.549 (53.853 más que en el mismo periodo de 2000, un 5,1% más), pese a que la economía genera avances en la ocupación aún superiores al 3% y reducciones similares del paro.

Ala vuelta del verano el Gobierno quiere abrir una nueva mesa de diálogo con empresarios y sindicatos para reformar el sistema de prestaciones por desempleo. El chivato del incremento del gasto ya se ha encendido y el Ministerio de Trabajo no quiere que se le dispare el presupuesto.

Por ello, el Ejecutivo pretende "reordenar" el seguro de paro, según fuentes de Trabajo, que, no obstante, insisten en que no se trata tanto de recortar el gasto -que también- como de "reflexionar sobre la organización del mercado de trabajo".

Lo único que está claro por ahora es que entre enero y mayo de este año, pese a que el número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) sigue descendiendo, el gasto en prestaciones por desempleo ha aumentado 44.099 millones de pesetas, un 8,2% más que el mismo periodo del año anterior.

Este aumento se concentró especialmente en el principal capítulo de gasto, el de las prestaciones contributivas. En los cinco primeros meses de 2001 se empleó en el pago de dichas prestaciones un total de 430.978 millones de pesetas, 43.091 millones más que en el mismo periodo de 2000, lo que supone un incremento del 11%.

Trabajo detectó este repunte del gasto durante el segundo semestre de 2000 y desde entonces el gasto no ha parado de crecer, leve pero sostenidamente, hasta ahora. Según explicaciones de fuentes gubernamentales, el motivo de este incremento es el abuso de la rotación de los contratos temporales, que generan continuas entradas y salidas del mercado y, en consecuencia, del sistema de protección.

Más gasto al principio

Fuentes del sistema de protección argumentan que el motivo de este incremento de gasto es que los perceptores utilizan masivamente los primeros seis meses del cobro de la prestación, justo cuando su cuantía es más alta: el 70% de la base reguladora. El resto del tiempo hasta cumplir el tope máximo de dos años -para el que lo haya cotizado seis años- la cuantía de la prestación se reduce al 60% de la base reguladora.

Pese a todo, fuentes oficiales insiste en que la solución para que el gasto no se siga disparando no pasa necesariamente por un nuevo endurecimiento de las condiciones de acceso a la prestación, como ya se hizo en 1993. En aquella ocasión se pasó de exigir cuatro años cotizados para cobrar la prestación durante un máximo de dos años, a exigir seis años de cotización.

Además, en aquella reforma se estableció la necesidad de hacer aportaciones durante al menos un año para tener derecho al seguro (prestación contributiva), cuando antes se garantizaba con seis meses de aportación. Con un año cotizado la prestación es ahora de cuatro meses.

Los responsables de Trabajo opinan que la clave para controlar el gasto en desempleo en la actualidad no es endurecer las condiciones de acceso y cobro de la prestación, sino dar más estabilidad al mercado laboral. Según su teoría, incrementando la estabilidad (contratos fijos) se reducirá la rotación entre empleo y protección, y se reducirá el gasto en desempleo.

Por este motivo, en Trabajo confían en que la última reforma laboral -cuyo texto definitivo está vigente desde el pasado 11 de julio- tenga efectos positivos en el control del abuso de la temporalidad y, por ende, en la reducción del gasto por desempleo.

Dos etapas expansivas

No obstante, los responsables de Trabajo argumentan que esta evolución alcista del gasto no es aún extremadamente preocupante, y ponen como ejemplo que en la anterior etapa de expansión económica, entre 1987 y 1990 el gasto por desempleo creció a un ritmo anual del 16%, mientras que entre 1997 y 2000 el incremento medio del gasto se situó en el 4% anual. Pero esta moderación se truncó a mediados del pasado año, y ahora avanza un 8,2%.

Sin embargo, paradójicamente, el incremento del número de beneficiarios no crece al mismo ritmo, sino menos, y en el caso del subsidio incluso se reduce 2.533 el número de personas que lo cobran.

El pasado año terminó con una media de 1.042.395 perceptores de algún tipo de ayuda económica por desempleo, lo que suponía una tasa de cobertura del 53,8% frente al 56% actual.

 

Los despidos por regulaciones de empleo suben un 17%

Al sistema de protección por desempleo llegan, entre otros, los trabajadores despedidos en procesos de regulación de empleo. La evolución creciente de dichos procesos es un motivo más para argumentar el aumento del gasto en prestaciones a parados.

En el primer trimestre del año, los trabajadores despedidos por una regulación de empleo sumaron 10.077, lo que supone un importante incremento del 17% respecto a los 8.596 despedidos en el mismo periodo de 2000.

Pero es aún más significativo el aumento del número de trabajadores afectados por cualquier tipo de regulación de empleo, sumando a los que despiden aquellos con suspensiones temporales de empleo. En estos casos, el colectivo de trabajadores afectados se eleva entre enero y marzo de este año a 25.823, un 40% más que en el ejercicio precedente.

Los trabajadores afectados exclusivamente por suspensiones temporales de empleo también cobran la prestación por desempleo durante el tiempo que no están trabajando.

Otro de los elementos que llaman la atención derivado de los expedientes de regulación es el aumento de la conflictividad laboral. Esto se deduce del espectacular incremento de los trabajadores procedentes de expedientes no pactados entre la empresa y los representantes de los trabajadores. æpermil;stos han aumentado un espectacular 190%, pasando de 4.277 en el primer trimestre de 2000 a 12.408 entre enero y marzo del presente ejercicio. Los afectados por expedientes pactados se reducen un 6,3%.