La UE exige libertad total para instalar antenas parabólicas
Las antenas parabólicas han encontrado un inesperado adalid en la Comisión Europea. Bruselas ha iniciado una defensa férrea en favor de los receptores vía satélite y anuncia que no tolerará que ninguna autoridad, nacional, regional o local, frene o desincentive la instalación de estos aparatos en los inmuebles.
Más de 29 millones de antenas parabólicas, de todos los tamaños y colores, coronan tejados, balcones y azoteas de la Unión Europea, de acuerdo con los datos proporcionados por Astra a la Comisión. Las previsiones del Centre de Recherche Innovation para Eutelsat auguran, además, que esa cifra se eleve hasta 52 millones antes de 2010.
Pero la Comisión Europea ha detectado una voluntad política en ciertas autoridades nacionales de frenar la difusión de esa tecnología, que permite recibir vía satélite una gama cada vez más amplia de servicios, desde televisión y radio hasta Internet y correo electrónico. "El gran número de quejas, peticiones y solicitudes de información que recibe la Comisión por parte de particulares e instituciones prueba que existe un creciente interés por el tema", afirma el Ejecutivo en una comunicación de 18 páginas sobre "el uso de las antenas parabólicas". Bruselas no se propone, por el momento, legislar sobre la materia. Pero advierte que "si es necesario, actuará para eliminar o erradicar cualquier obstáculo que pueda surgir" a la utilización de las antenas.
La Comisión ha identificado cinco clases de obstáculos a la propagación de esta tecnología, que hoy también se ve amenazada por la difusión por cable. Bruselas invoca el Tratado de la Unión, e incluso el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, para anunciar su batalla contra las barreras derivadas de las normas técnicas, administrativas, de planificación urbana, fiscales o de recepción que adopten ilegalmente las autoridades nacionales.
"Las antenas parabólicas facilitan la interpenetración entre nuestras distintas culturas borrando las fronteras y familiarizando a la opinión pública con las nuevas tecnologías", proclamó la semana pasada el comisario de Mercado Interior, el holandés Frits Bolkestein. "Su utilización debe estar libre, por tanto, de cualquier obstáculo injustificado".
Advertencias
El departamento de Mercado Interior advierte que no aceptará limitaciones a la colocación de antenas basadas en razones estéticas o de planificación urbana, como a menudo aducen las autoridades locales. "Deberán ser sustanciadas (...) y no un mero pretexto". Acepta que promuevan la colocación discreta del aparato y la utilización de una antena común en las comunidades de vecinos, así como restricciones en conjuntos históricos o edificios singulares. "Pero estas circunstancias son absolutamente inusuales", precisa ya la comunicación que desde la semana pasada fija las directrices comunitarias sobre antenas.
En las capitales de provincia españolas, y a juzgar por el diagnóstico de Fernando Chueca en su Destrucción del legado urbanístico español, pocos ayuntamientos podrán justificar ante Bruselas la restricción.
Bolkestein tampoco aceptará la discriminación fiscal o administrativa. Bruselas se dispone a denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE prácticas habituales entre las autoridades locales para desalentar la colocación de antenas que van desde condicionar una ayuda pública a la retirada del aparato hasta la exigencia de autorizaciones específicas para colocarlo.
Comunidades de vecinos y derecho a la información
La instalación de parabólicas no encuentra especiales dificultades en España en los bloques de viviendas ya construidos. Es una apreciación en la que coinciden Albert Martí, director general de Astra en España, e Ildefonso Martín, secretario técnico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Eso sí, deberá tratarse siempre de antenas de uso común; es decir, deberán poder dar servicio a todas las viviendas del edificio.
"Si un particular quiere tener acceso a un canal que no se recibe por la antena parabólica comunitaria, tiene derecho a que se intente adaptar la antena para la recepción de dicho canal. Si la adaptación no es viable, el particular podrá instalar una antena comunitaria que permita recibir el canal que desea. Pero será el particular quien corra con los gastos. Si posteriormente algún vecino desea recibir también los canales que presta la nueva antena pagará una cantidad idéntica a la que le correspondería si se conectaran todas las viviendas", explica Ildefonso Martín.
En cuanto a las viviendas de obra nueva, Albert Martí advierte que la ley obliga al promotor a realizar la instalación necesaria, pero no a poner la antena.
Como la legislación no obliga a poner la parabólica, el técnico no puede verificar si la instalación funciona. De manera que cuando llega el momento de poner la antena, gran parte de las instalaciones resulta que no funcionan.