<I>Regulación y competencia</I>

Durante los pasados días 27 a 29 de junio se ha celebrado en San Diego, California, una de las conferencias periódicas que organiza el Seminario Permanente sobre Regulación y Competencia de la Universidad Rutgers de Estados Unidos. De un análisis general de lo presentado y sus conclusiones, fundamentalmente referidos al sector de las telecomunicaciones y al eléctrico, extraigo algunos asuntos que nos pueden llevar a la reflexión y, por qué no, al optimismo.

Está demostrado, como ha probado el paso de los años de los últimos siglos y la historia, que una innovación tecnológica -la máquina de vapor, el motor eléctrico, el transistor, Internet- tarda entre 20 y 40 años en producir eficiencias que la sociedad en su conjunto es capaz de absorber para hacerse más eficaz.

La sociedad de la información los últimos años y, recientemente, la del conocimiento están favoreciendo que esos ciclos se acorten cada vez más, sobre todo en determinados países con una economía flexible y preparada para ello, y una vitalidad empresarial ávida de innovación tecnológica.

El camino de desregulación, o reforma reguladora, y liberalización que muchos países hemos emprendido en diversos sectores económicos, apoyado y propiciado por unos avances e innovaciones tecnológicas profundos, apenas lleva unos lustros o pocos años de andadura, por lo que extrapolando el pensamiento anterior todavía queda un largo camino por delante hasta que la sociedad sea capaz -lo que sin duda se conseguirá- de sacar lo más innovador y eficaz de cada uno de esos procesos y potenciar su eficacia productiva, su economía, etcétera.

Indudablemente, los resortes y organismos de los que la sociedad se dota para que ese proceso conduzca a la esperada eficiencia deben tutelar sin titubeos que se haga de la forma más adecuada a cada circunstancia, reaccionando con prontitud ante distorsiones y reformando cuantas reformas sean necesarias sin por ello dar la impresión de claudicación o no saber qué hacer.

Los recientes acontecimientos en mercados eléctricos de todos conocidos y el desinflamiento temporal de la pompa de la nueva economía arrastrando consigo las cotizaciones de las empresas de telecomunicaciones, están poniendo de manifiesto un hecho difícilmente cuantificable, pero de indudable calado y evidencia: que la ciencia económica, siendo como es una disciplina muy compleja y difícil de entender -y de llevar a la práctica en ocasiones-, tiene importantes limitaciones y que sus preceptos no se aplican siempre como sería óptimo.

Un caso genérico sencillo de aplicación incorrecta a la vez que de debilidad teórica lo constituye el tan manido actualmente de las subastas. æpermil;stas, en sus diversas versiones -las más básicas y próximas a nosotros las denominadas inglesa y holandesa: en la primera se puja al alza hasta que se alcanza el acuerdo y en la otra se parte de un máximo reduciéndose hasta conseguir el cierre- tienen unos requisitos muy estrictos para optimizar la asignación del bien económico que se intercambia. En el sector de las telecomunicaciones, las puestas en práctica con motivo de la adjudicación de las licencias de telefonía no cumplió algunos de los primordiales: que los agentes participantes sólo deben disponer de una ronda para hacer sus ofertas y que no deben existir intereses cruzados entre los participantes. A la vista están los resultados obtenidos y las elevadísimas cantidades alcanzadas, lo cual, sin duda, algo tiene que ver con la decepción de expectativas y la aludida caída en Bolsa de los valores correspondientes.

En su aplicación en los mercados eléctricos que actualmente operan en el mundo, el mecanismo de la subasta tampoco está exento de problemas y limitaciones inherentes al producto que maneja. La fundamental deriva de la capacidad que un determinado agente tiene para influir en el precio final en una subasta que se dirime por costes marginales crecientes -y cuyo precio de remuneración uniforme para todos los ofertantes es el de la última unidad que se necesita-, cuando dicho agente posee la propiedad de varias centrales no idénticas entre sí. Para evitarlo se han ensayado otras alternativas de remuneración -la más propugnada la de ser remunerado de acuerdo con lo ofertado (con muchas complicaciones)-, siendo el mecanismo más eficaz el que resulta de aumentar el número de agentes ofertantes por encima de un umbral mínimo, pero que se encuentra con dificultades prácticas importantes para su aplicación reguladora.

Las limitaciones tan brevemente apuntadas, otras también de importante calado, como la de fijación de índices económicos que favorezcan las inversiones en capacidad productiva de energía eléctrica, y las recientes y dramáticas dificultades que están proliferando últimamente en diversos sectores económicos están exhortando que a todos los niveles se produzca el acercamiento complementario entre los economistas encargados de estudiar o dictar los preceptos reguladores y los ingenieros que los han de poner en práctica; se busca que las reformas que se introducen, una vez probada su idoneidad económica e implicaciones técnicas, se readapten ágilmente.

Esto se está constatando cada vez más en los sectores de las telecomunicaciones, la energía y el transporte aéreo, con una simbiosis de ideas y modelos de mercados en busca de dar soluciones a los acuciantes problemas que plantea la sociedad para su funcionamiento en esas parcelas. La consecución con éxito de este reto sin duda redundará en llegar a conseguir antes esa eficiencia de la que hablábamos al principio que la introducción de competencia y liberalización de mercados tiene que traer.

En España la situación genérica apuntada es idéntica, si bien nuestra economía no es tan dinámica como la de otros países ni nuestro sistema de innovación para aportar soluciones, tan eficaz. Nuestro país ocupa una posición destacada en la avanzadilla de aquellos que han apostado por introducir competencia y reformar los marcos reguladores en sectores importantes de la economía, por lo que si acometemos con decisión y firmeza el reto de las reformas necesarias -o las reformas de las reformas ya introducidas-, resolvemos innovadora y eficazmente los desafíos de las incertidumbres que favorezcan y remuneren las inversiones adecuadamente y evitamos tentaciones regresivas, estaremos en disposición única de ponernos a la cabeza de las economías que se beneficiarán primero de las ventajas y oportunidades que la innovación que todo este proceso introducirá, amén de poder exportar nuestro modelo y tecnología correspondiente de implantación.

Para conseguir esto es necesaria la complicidad leal de las autoridades reguladoras, el liderazgo y osadía del empresariado y la fuerza innovadora de nuestra sociedad.