Valencia y Cataluña superan la deuda prevista en 0,6 billones
La Comunidad Valenciana y Cataluña han puesto en un aprieto al Ministerio de Hacienda, al no cumplir sus compromisos de endeudamiento, que a finales de 2000 superaban conjuntamente más de 600.000 millones de pesetas. Hacienda busca una solución dentro del nuevo sistema de financiación, mientras los Gobiernos autonómicos echan la culpa al sistema de financiación de la Sanidad.
El Gobierno valenciano se comprometió en mayo de 1998, en un acuerdo por el que Rodrigo Rato le autorizó a endeudarse en 100.000 millones de pesetas más ese año, a cerrar el 2000 con una deuda de 557.261 millones (3.349 millones de euros). Según el Banco de España, la deuda de la Generalitat Valenciana el pasado 31 de diciembre ascendía a 980.000 millones (5.890 millones de euros), un 76% más.
Según cifras del Partido Socialista, puesto que los escenarios de consolidación firmados entre el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas nunca se han hecho públicos, Cataluña también incumplía a finales de 2000 sus compromisos de deuda en 205.733 millones, un 15,1%. Por el contrario, el País Vasco, Navarra, Canarias y Andalucía sí habían hecho sus deberes, según estos datos.
El Ministerio de Hacienda está buscando una solución, especialmente al problema valenciano, que se enmarcaría en el acuerdo final sobre el nuevo modelo de financiación que ya se está discutiendo. Los Gobiernos valenciano y catalán reclaman una compensación por el deficiente sistema de financiación de la Sanidad, que no pueden sostener, lo que significaría que el Estado se hiciese cargo de algunas infraestructuras sanitarias en estas comunidades.
En todo caso, la primera medida sería no aumentar el déficit y, por tanto, las necesidades de financiación, cosa que en la Comunidad Valenciana parece imposible, a pesar de los esfuerzos del consejero de Economía, Vicente Rambla, que ha congelado el presupuesto de inversiones de los últimos años y ha restringido los gastos corrientes y la contratación de personal. El problema del Ejecutivo valenciano es que desde hace años maquilla los déficit a base de aumentar los ingresos con endeudamiento no autorizado.
El consejero Vicente Rambla afirmó la semana pasada que el endeudamiento de la Comunidad Valenciana -a 31 de marzo superó el billón de pesetas, cuando el compromiso para 2001 es que no crezca- "es, además de razonable, asumible y moderado, enormemente productivo".
Ofensiva socialista
Rambla negó que la valenciana sea la comunidad más endeudada -sí lo es en términos de PIB, donde alcanza el 10,3%, cuando ninguna otra supera el 9%- y afirmó que desde 1996 se ha reducido la carga financiera (intereses más amortizaciones) en 1,4 puntos. Sin embargo, el consejero se negó a valorar el incumplimiento del escenario de consolidación presupuestaria por parte del Ejecutivo autonómico.
Por ello, los socialistas valencianos plantearán a la vuelta de vacaciones una serie de preguntas al Ministerio de Hacienda a través de su grupo en el Congreso del los Diputados, con el objetivo, según afirman, de sacarle los colores al Gobierno de Eduardo Zaplana.
El contenido no será sólo el endeudamiento, puesto que a la publicación de los datos del Banco de España se ha sumado en los últimos días un informe del Tribunal de Cuentas relativo a la liquidación del ejercicio de 1998, que dice que el déficit de la Generalitat fue de 125.000 millones de pesetas, en lugar de los 746 millones que anunció el Gobierno de Zaplana justo antes de las elecciones autonómicas.
La oposición ha pedido el cese del consejero de Economía, aunque el responsable de aquella liquidación fue el actual vicepresidente, José Luis Olivas.
Hacienda desvela otro maquillaje de las cuentas
Por si el Gobierno valenciano no tuviese suficiente con los demoledores informes del Tribunal de Cuentas y el Banco de España, el Ministerio de Hacienda desveló recientemente otro maquillaje en las cuentas públicas de 1999 que la Sindicatura de Cuentas había pasado por alto.
En una respuesta parlamentaria al PSOE, Cristóbal Montoro dijo que no existe el convenio de 44.981 millones que la Generalitat dijo haber firmado el 29 de diciembre de 1999 con el ministerio y que sirvió para computar como ingresos pendientes de cobro esa cantidad.
La Generalitat mostró el documento, que era en realidad un acuerdo de intenciones sin compromiso presupuestario. De no haber computado esos ingresos de dudoso cobro, el déficit de 1999 habría superado los 55.000 millones.
Pero el desfase era aún mayor, puesto que también en los últimos días de año se recurrió a un endeudamiento extraordinario de 47.000 millones para hinchar los ingresos. El PSOE preguntará a Montoro si piensa pagar los 44.981 millones del acuerdo marco.