La falta de recursos agrava la tensión política en Argentina
La inestabilidad se mantendrá a lo largo del año ante las elecciones de octubre y la falta de recuperación.
No quedan ni las joyas de la abuela y tampoco la abuela. Con esas palabras el ex presidente Raúl Alfonsín quiso ejemplificar la incapacidad del país para hacerse con nuevos recursos a través de la venta de activos estatales, después de las masivas privatizaciones realizadas en la pasada década. Esta falta de recursos se ha agravado por la recesión -que ya podría calificarse de depresión- en la que se encuentra el país desde hace tres años.
Esta situación ha derivado en una crispación política cuando falta muy poco para las elecciones a gobernadores e intendentes que se celebrará en octubre. En gran medida, los temores sobre el grado de gobernabilidad del país provocaron el reciente repunte en la prima de riesgo país hasta niveles cercanos a 1.100 puntos (aunque también se vio afectada por un cambio en la composición de la cartera de bonos que conforman el índice que elabora JP Morgan) y elevaron el tipo de interés intradiario en pesos hasta el 10,6% desde el 7,3% de la pasada semana.
El conflicto entre el Gobierno central y las provincias radica en los incumplimientos por ambas partes de lo acordado en la ley de responsabilidad fiscal. El Gobierno les exige que cumplan los ajustes fiscales comprometidos, ya que algunas no han podido alcanzar las metas acordadas. A su vez, las provincias le piden el atraso, en materia de transferencias territoriales, de 5.000 millones de pesos.
No obstante, se negocia la transferencia urgente de 1.400 millones para que no incurran en la imposibilidad de cumplir con los pagos de sueldos y aguinaldos de sus funcionarios. Las provincias también quieren coparticipar parcialmente en el nuevo impuesto a las transacciones financieras.
En este contexto, el riesgo político implícito ante las elecciones de octubre originó protestas por la oposición política, que se ha traducido en un aumento de la incertidumbre. Los rumores de renuncia de De la Rúa fueron ocasionados por las manifestaciones de algunos gobernadores de la oposición que estarían dispuestos a renunciar a su cargo por la situación de ingobernabilidad que está provocando el incumplimiento del Gobierno, pero exigirían a su vez la renuncia del presidente.
En cualquier caso, estas disputas no afectarán a los objetivos fiscales del primer semestre acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que la cancelación, en teoría, de las obligaciones con las provincias se realizará a partir de julio. En cuanto a dicho objetivo, se espera que el Gobierno no tenga mayores dificultades para su cumplimiento, pese al descenso de un 4,9% en la recaudación tributaria de junio.
En cambio, la situación puede empeorar en el segundo semestre, ya que el margen de déficit público es mucho más estrecho y siguen sin observarse atisbos de una recuperación de la economía. De cumplirse los objetivos fiscales del primer semestre, el Gobierno tendría un límite máximo de déficit de 1.560 millones de dólares, lo que implica una reducción del 65% frente al déficit registrado en el segundo semestre de 2000.
Este escenario se complica aún más si se tiene en cuenta que las empresas comienzan a emplear lo máximo que pueden sus créditos contra el fisco y que la recesión puede prolongarse a lo largo de todo el año. Una muestra de ello es que en junio se registró un nuevo récord de quiebras o en concurso preventivo. Las quiebras en junio aumentaron un 34% interanual y los concursos presentados crecieron en un año un 69%, lo que anticipa un panorama sombrío para lo que resta de 2001.