Bruselas autorizará los CTC a las eléctricas, según Loyola de Palacio
La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, confirmó ayer que la Dirección General de la Competencia ha propuesto aprobar los Costes de Transición a la Competencia (CTC) otorgados a las eléctricas españolas desde 1996, que ascienden a 1,3 billones de pesetas (7.800 millones de euros).
"Efectivamente hay una propuesta de los servicios de Competencia. El comisario Mario Monti ha hecho un estudio muy sólido de los CTC que afectan a conjunto del sector eléctrico europeo y no sólo a las eléctricas españolas", indicó De Palacio. La comisaria, que siempre ha defendido estas ayudas, precisó que "la modificación última por parte del Gobierno español ha sido tenida en cuenta a la hora de analizar los aspectos de este caso concreto".
Loyola de Palacio añadió que en el trabajo elaborado por la Dirección General de la Competencia "hay también unas primeras propuestas respecto a tres países, concretamente España, Austria y Holanda, que se van a analizar probablemente el 25 de julio. A partir de ahí" -continuó- "en el futuro inmediato vendrán una serie de países como Portugal, Bélgica, Grecia, Alemania e Italia, e incluso Francia", que todavía no lo han notificado, pero que también han pagado CTC a sus eléctricas.
El comisario de Competencia, Mario Monti, confirmó ayer en Estrasburgo que "el expediente [español] de los costes de transición a la competencia en el sector eléctrico se aproxima a su fin" y que la Comisión podría concluir su tramitación "en el curso de este mes de julio" la investigación que realiza desde 1999. "No me gusta el término abandonar", afirmó Monti, en alusión a la futura decisión de su departamento. Los servicios de Competencia han elaborado ya un borrador de decisión en el que se admite efectivamente que los Costes de Transición a la Competencia concedidos en España no constituyen ayuda de Estado.
Desde la patronal eléctrica española Unesa indicaron que siguen "con enorme interés" la conclusión de la investigación de Bruselas. Sí llamaron la atención desde Unesa sobre lo que consideran un "importante grado de similitud" entre las tesis expuestas ahora por el comisario de la Competencia y las que ha defendido la industria eléctrica, que siempre ha rechazado que los CTC sean ayudas del Estado.
"Decisión positiva"
El consejero director general de Unión Fenosa, Honorato López Isla, abundó en lo indicado desde Unesa. "La posible aprobación de los CTC", aseguró, "da la razón a los planteamientos esgrimidos por el sector eléctrico". López Isla calificó de positiva esta decisión, pues, en su opinión, reconoce que "no son ayudas del Estado. Es algo que las empresas tenemos derecho a cobrar".
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, considera que la decisión de Monti reafirma la posición del Gobierno español. Rato aprovechó la ocasión para pedir una rectificación a los partidos políticos de la oposición ante su "gravísimo error" al afirmar que los CTC eran contrarios al Derecho comunitario.
La contestación a Rato vino de la secretaria de Consumidores y Usuarios del PSOE, Isabel Pozuelo, que recordó al ministro que el Gobierno tuvo que modificar el pasado febrero los CTC, obligado por la Comisión Europea, que los consideró una
Problemas para las subvenciones al carbón
Las subvenciones al carbón no correrán la misma suerte. Las ayudas entregadas al sector del carbón que superen el 15% de los costes operativos establecidos por las reglas comunitarias se quedarán sin la autorización de la Dirección General de la Competencia.
Según datos de la Comisión Europea, las subvenciones totales al carbón ascendieron a 300.000 millones de pesetas (1.803,03 millones de euros), unas ayudas que fueron concedidas al margen de los 1,3 billones de pesetas (7.800 millones de euros) otorgados en los Costes de Transicción a la Competencia.
Las primas al carbón pactadas por los sindicatos y el Gobierno español en el Plan de la Minería 1998-2005 tienen como finalidad compensar a las empresas mineras por la merma de ingresos en los contratos de suministro establecidos por éstas con las compañías eléctricas.