Las eléctricas afirman que las bajas tarifas les obligan a desinvertir
Las eléctricas españolas han respondido al código de conducta para el sector elaborado por el Ministerio de Economía con una relación de las circunstancias económicas que han conocido en los últimos cuatro años. Y subrayan que se han visto obligadas a realizar desinversiones y utilizar esos ingresos extraordinarios para financiar las reestructuraciones de la actividad eléctrica. Una situación que, a su juicio, no da más de sí. Y la vinculan con la necesidad de realizar inversiones que garanticen el suministro, por lo que piden garantías de rentabilidad.
Las compañías eléctricas han respondido al borrador del código de conducta elaborado por el Gobierno con un informe en el que destacan los riesgos que podría ocasionar a la seguridad del suministro la falta de incentivos a sus inversiones. Las empresas y el Ministerio de Economía mantienen negociaciones, con la participación de otras compañías energéticas como Red Eléctrica de España y Enagas, para diseñar un plan a 10 años que sea el sustituto al protocolo suscrito por el sector eléctrico el 11 de diciembre de 1996.
Para argumentar su posición y las posibles incertidumbres en la construcción de infraestructuras, en el anexo al citado documento describen las circunstancias económicas que se han producido en el sector a partir de 1997. 'El margen de explotación de las actividades eléctricas', se señala, 'de las empresas viene registrando sucesivamente desde 1997 un continuo deterioro, y eso a pasar de que la cifra de negocios se ha incrementado en un 6,5%'.
Las compañías, que además de encuentros bilaterales con Economía negocian sus intereses a través de Unesa, manifiestan que 'el coste medio ponderado del capital de las actividades eléctricas ha sido superior a la rentabilidad del activo, de lo que resulta una destrucción del valor de las empresas'. Y destacan que, con la reducción de las tarifas, que en términos nominales se ha elevado un 17% y un 27% en términos reales, 'el mantenimiento del resultado de las eléctricas y la retribución al accionista han pivotado sobre dos elementos fundamentales que entendemos a la fecha agotados'.
En la contestación al código que la Administración redactó en una maniobra ofensiva-defensiva, el sector pone de relieve que, dadas las circunstancias anteriormente descritas, las empresas 'se han visto obligadas a realizar desinversiones de su cartera de participaciones financieras, utilizando los ingresos extraordinarios derivados de estas operaciones (743.041 millones de pesetas) para financiar el reajuste y reestructuración de la actividad eléctrica'. En esa línea, se añade que esa área 'no genera los ingresos necesarios para la adecuada retribución de los capitales de la actividad a precios de mercado'.
Y, además, se recuerda que por la vía de reducción de gastos ya han realizado avances. 'Los costes operativos de las actividades eléctricas gestionables por las empresas se han reducido en el periodo 1997-2000 un 7,7% anual acumulativo'. Esto significa que la explotación de la actividad eléctrica nacional cuesta hoy 151.000 millones de pesetas anuales menos que en 1997, añaden.
Pérdida patrimonial
Y en el futuro se advierte al departamento que dirige Rodrigo Rato que 'no cabe esperar de la situación económica de las empresas que puedan repetirse las circunstancias mencionadas, por lo que las reducciones de los precios de la electricidad redundarían en una pérdida patrimonial no asumible por las compañías'.
Las eléctricas expresan, asimismo, su preocupación por la marcha del presente año. 'El incremento de la demanda de electricidad registrado, en torno al 3%, durante el primer periodo del año no ha alcanzado los niveles previstos al inicio del ejercicio y se sitúa muy lejos de la cifra del año 2000 y de las previsiones contenidas en el expediente de tarifas, que la fijaron en un 5,4%'.
En el citado código de conducta elaborado por los responsables de la política energética se solicitaba a las eléctricas la aceptación de una serie de compromisos en cada una de las actividades en las que están presentes (generación, transporte, distribución y comercialización) con el objetivo de 'poder continuar con el desarrollo normativo necesario para lograr un sistema eléctrico moderno'.
Con la situación y antecedentes descritos, las eléctricas piden en su réplica al Ejecutivo un marco de actuación que elimine lo que para el sector son elevadas incertidumbres.
Y solicitan la fijación de 'una metodología objetiva y transparente' que las permita 'planificar sus actividades en un entorno razonablemente previsible'. Señalan que las tarifas de acceso deben reflejar 'los costes regulados del sistema con criterios de suficiencia, y las tarifas integrales, mientras se mantengan, deben ser coherentes con el precio de la energía'.
En este ámbito se refieren igualmente a la actividad gasista y más ante su relación con la futura generación eléctrica. Así ponen de manifiesto que 'debe procederse al desarrollo de las infraestructuras gasistas, ya que las actuales son insuficientes para atender a corto y medio plazo la demanda creciente de suministro firme de gas'.
Y, aunque mantienen que las empresas agrupadas en Unesa tienen previsto poner en funcionamiento aproximadamente 7.600 megavatios de potencia hasta el año 2005, piden 'señales regulatorias' que las propicien, sin renunciar al montante pendiente de los costes de transición a la competencia (CTC).
Para garantizar la seguridad de suministro se refieren además a la remuneración de las actividades existentes, realizando críticas al pago por garantía de potencia, que consideran arbitrario. En relación a REE, responsable de la red de transporte, se señala que es esencial que se cumpla el mandato legal de planificación 'que permita atender todos los nuevos desarrollos de generación'.
Planificación sobre demanda y consumo
El documento elaborado por la eléctricas 'no es malo y puede ser asumible, aunque con modificaciones', según medios cercanos a las autoridades regulatorias, que abren algunos interrogantes sobre las propuestas reflejadas en el informe. Así, consideran que se debe establecer un procedimiento para comprobar la disponibilidad de las plantas, de tal manera que se pueda cuantificar el precio de generación con la mayor aproximación posible. Este mecanismo permitiría conocer realmente las ofertas que hay en el mercado.
Estos medios estiman que en lo que se refiere a las infraestructuras de transporte apuestan por una planificación sobre la demanda, y no sobre la capacidad de generación y consumo, tal y como reclaman las eléctricas.
Estas compañías, en su línea argumental, abogan porque se desarrollen sistemas de incentivos y penalizaciones al operador del sistema para impulsar el desarrollo 'eficiente de las infraestructuras necesarias tanto para satisfacer las necesidades de crecimiento del sistema (la generación y la demanda) como las que permitan resolver las restricciones más importantes del mismo'.
Las eléctricas en su informe al Gobierno también hacen una referencia, 'sin alarmismos', a episodios como el ocurrido en California, que, según sus datos, tienen su origen en el establecimiento de tarifas integrales máximas distorsionadas, es decir, tarifas integrales sin coherencia con las tarifas de acceso y que no incorporan adecuadamente el precio del kilovatio en el mercado de generación.