La intromisión política, amenaza para las cajas
El director general de la CECA, Juan Ramón Quintás, y el secretario de Estado de Economía, José Folgado, coincidieron ayer en que la intromisión política constituye la principal amenaza para las cajas. Ambos consideran necesaria una reforma para limitar el peso público en estas entidades. Pero el Gobierno sigue sin precisar cómo va a articularla.
José Folgado echó ayer más leña al fuego del debate sobre la presencia política en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros al reconocer públicamente que, de acuerdo con una directiva europea, algunas de estas entidades podrían calificarse como entes públicos. Y es que Bruselas considera ayudas públicas todos aquellos préstamos concedidos a las empresas por entidades financieras en cuyos consejos de gobierno hay más de un 50% de representación política. Hay 13 comunidades autónomas en España con cajas de ahorros en esta situación.
Bruselas puede dar, por tanto, el empuje definitivo a la reforma necesaria en el sector para frenar la intromisión política, un mal que acecha cada vez más a las cajas, tal y como ayer criticaron muchos de los ponentes que acudieron a la segunda jornada del encuentro financiero organizado por Arthur Andersen y Cinco Días.
El propio director general de la CECA, Juan Ramón Quintás, destacó en su ponencia la tentación de muchos Gobiernos autonómicos de utilizar estas entidades como bancos públicos de desarrollo regional y aseguró que, si no se pone freno a la injerencia política, las cajas corren más peligro de perder su privacidad y convertirse en organismos públicos que de llegar a ser sociedades anónimas. Al contrario de lo sucedió en Europa, Quintás ve en esto último un riesgo "insignificante".
Para evitar que siga esta tendencia de "aproximación a lo público", Quintás pidió que se amplíen las fuentes de financiación de las cajas para "dar al mercado una función controladora de la autonomía y la gestión de estas instituciones". Hacía así referencia a la necesidad de que el Gobierno desarrolle la legislación existente sobre cuotas participativas para evitar los recelos del sector y favorecer que las cajas utilicen este instrumento de financiación, similar a las acciones, pero sin derecho de voto.
Pero los cajeros presentes en las jornadas echaron de menos precisiones por parte del secretario de Estado de Economía, José Folgado, respecto a las normativas pendientes para el sector. Folgado se limitó a afirmar que la Ley Financiera estará lista en "los próximos meses". Aseguró que está en la "recta final", pero no dijo si incluirá o no aspectos relativos a las cajas de ahorros.
Coincidió con Quintás en que éstas "tienen que tener más fórmulas para ampliar recursos propios" y en que "hay que limitar la representación política en los órganos de gobierno", pero dijo que todavía no se ha definido el marco legislativo en el se incluirán las medidas. Se limitó a explicar que "no tienen por qué ir en la Ley Financiera" y que "las cuotas no exigen rango de ley".
Folgado pide a la banca que anticipe euros al comercio
El secretario de Estado de Economía aprovechó ayer el marco de las jornadas organizadas por este diario para pedir a las entidades financieras que participen más activamente en la puesta en circulación del euro. En concreto, sugirió tanto a bancos como a cajas de ahorros que anticipen la nueva moneda a los comercios para que, en los primeros días de enero, todas las tiendas tengan euros suficientes para devolver el cambio. El objetivo es que el euro se extienda en la población lo más rápidamente posible y antes de que terminen los dos meses previstos de convivencia de las dos monedas y sea moneda de uso común en toda España.
El problema es que para hacer este anticipo de tesorería, las entidades tienen que pedir un aval que los comercios no siempre están dispuestos a presentar. Lógicamente, todo préstamo debe tener una garantía, pero Folgado pidió ayer más flexibilidad a la banca y confianza en sus clientes para que sea posible hacer anticipos a cuenta sin necesidad de avales. Habría que saber qué dice el Banco de España.
En general, las entidades se quejan de que es el sector financiero el que asume el coste más alto de la adaptación al euro. El coste estimado por el sector de poner en circulación la moneda es de 60.000 millones de pesetas. El cálculo no incluye la adaptación de cajeros u otras máquinas expendedoras, ni la formación de las plantillas.
La principal forma de distribución de la moneda será a través de los cajeros.
Cataluña y Asturias proponen vías alternativas a las fusiones
Las fusiones no son el único camino para que las cajas ganen competitividad. Fue lo que tanto el conseller de Economía de la Generalitat catalana, Francesc Homs, como el consejero de Hacienda de Asturias, Jaime Rabanal, recomendaron en una ponencia sobre la situación de las cajas de ahorros alternativas a la unión.
Homs planteó que no está claro que las uniones sean la única respuesta ante los retos de estas entidades (el recrudecimiento de la competitividad ante la llegada del euro, los avances tecnológicos y las mayores exigencias de capital de Basilea II). Si hay fusiones, éstas "deben partir de las entidades", y no "de los poderes públicos", en una referencia velada al conflicto entre las cajas sevillanas y la Junta de Andalucía.
Como alternativa a las fusiones Rabanal propuso las "alianzas estratégicas y los acuerdos de colaboración". Homs insistió en el necesario "respeto" de la Administración a "la independencia de las cajas". Si bien luego opinó que ese respeto "es compatible" con que los Gobiernos autonómicos "orienten" a las cajas en sus inversiones en obra social.
En la mesa sobre Internet, Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, abogó por "una banca multicanal", donde se potencie la Red y el resto de puntos de distribución. Mientras, Vicente Sala, presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, destacó el poder de fidelización de Internet.