El Congreso emplaza al Gobierno a profundizar en las liberalizaciones

Mediante una resolución defendida por el PP, CiU y Coalición Canaria, el Congreso instó ayer al Gobierno a intensificar la política de liberalización de los mercados y a estudiar la transformación del Tribunal de Defensa de la Competencia en un órgano autónomo administrativo. El debate sobre el estado de la nación finalizó ayer con la aprobación de medio centenar de resoluciones en las que se emplaza al Gobierno a profundizar en el proceso de liberalización de los mercados. La mayoría están respaldadas por el PP, CiU y Coalición Canaria. En el sector de las telecomunicaciones se insta al Ejecutivo a avanzar en la liberalización de la telefonía fija mediante la apertura del bucle del abonado, paso que facilitaría la libertad de elección de compañía suministradora. La resolución defiende el fomento de la competencia en la telefonía móvil y apuesta por la concesión de nuevas licencias de operadores en GSM. La iniciativa promovida por los populares es significativa si se tiene en cuenta que la concesión de nuevas licencias es un proyecto prácticamente descartado por el Gobierno, al menos a corto plazo. Respecto al sector eléctrico, el PP y sus socios nacionalistas proponen la rápida aprobación de las normas destinadas a regular la participación de los productores en el régimen especial, la actualización y reforma de las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución y la determinación de las nuevas fórmulas de contratación a plazo. El PP considera fundamental que en el sector de hidrocarburos se culmine el proceso de desinversión de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y se realice un seguimiento de la información que publica la Comisión Nacional de la Energía sobre contratos y precios, con el fin de asegurar que los operadores independientes al por mayor tengan las mismas condiciones de acceso que los accionistas presentes y futuros de la CLH. La resolución aprobada insta al Gobierno a aprobar antes de fin de año las normas que regulen el acceso de terceros a las instalaciones gasistas, así como el plan de actuaciones de Enagas que limita la participación en el accionariado de la citada compañía. Tribunal de la Competencia

Para "perfeccionar" la defensa de la competencia, la resolución pide dotar al tribunal del mismo nombre de mayor capacidad de actuación. "Se estudiará", se lee, "la posibilidad de modificar la naturaleza jurídica del tribunal, transformándolo en un organismo autónomo administrativo más en línea con la regulación de las comisiones sectoriales, lo que redundará en una mayor flexibilidad de actuación y organización del mismo". El PP propone aumentar el presupuesto del tribunal con las tasas que se pagan por estudiar las operaciones de concentración.

Otra de las resoluciones incorpora las promesas del presidente del Gobierno, José María Aznar, relacionadas con la futura reforma fiscal. La reforma del IRPF supondrá el aumento de las ayudas a las familias con hijos y a aquellas que conviven con discapacitados, según afirmó ayer el portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte.

Los populares respaldaron una iniciativa de CiU en la que se emplaza al Gobierno a favorecer el aplazamiento voluntario de la jubilación a partir de los 65 años y a establecer nuevas condiciones de acceso de la jubilación anticipada, según prevé el pacto sobre la Seguridad Social firmado en marzo con el sindicato Comisiones Obreras.

 

El PP rechaza que el fiscal general se inhiba en los casos de aforados

El PSOE sí abordó ayer el caso Piqué en sus propuestas de resolución, aunque sólo fuera de forma tangencial. Para garantizar la igualdad ante la ley y evitar cualquier sospecha de impunidad de los responsables políticos, propuso una modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal para impedir la intervención de su titular en los procesos dirigidos contra personas aforadas. Con ello se garantizaría, a juicio de los socialistas, los principios de legalidad e imparcialidad que deben presidir las actuaciones del ministerio público.

La propuesta fue defendida por el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, quien recordó que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, debería inhibirse en conflictos como el que afecta al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. En próximas fechas la Junta de Fiscales y, en última instancia, el propio Cardenal deberán decidir si imputan o no al ministro en la causa abierta por la venta de Ertoil, filial de Ercros. La operación se registró hace 10 años, cuando Piqué era uno de los máximos responsables de la compañía.

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Gabriel Cisneros, rechazó la propuesta del PSOE por "oportunista". Cisneros recordó que se acaba de suscribir un Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia entre el PP y el PSOE, con un capítulo específico acerca del ministerio fiscal, por lo que considera que la iniciativa socialista responde al "coyunturalismo" del caso Piqué. "No sé por qué no ha sido más prudente el PSOE y ha pedido que el fiscal general se abstenga del cumplimiento de sus funciones o que dimita", ironizó el dirigente popular.

El Congreso también rechazó, con los votos del PP, CiU y CC, la propuesta de IU que instaba al Gobierno a cesar de forma inmediata a Piqué y al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, en este último caso por su presunta vinculación con el fraude electoral detectado en Baleares en los comicios autonómicos de 1999.

Sin resolución contra ETA

Los grupos parlamentarios no fueron capaces de sacar adelante una resolución contra el terrorismo, debido a la negativa de algunas formaciones, entre ellas el PSOE y CIU, a tomar esta iniciativa sin el acuerdo previo de todos los grupos.

En la tarde del pasado martes, el PP hizo llegar al PSOE un borrador de resolución inspirado en el pacto contra el terrorismo firmado el pasado diciembre por ambos partidos. El conocimiento de que CiU había condicionado su apoyo a dicho borrador al respaldo del PNV y la dificultad en llegar a un acuerdo con IU, condujo a los populares a no presentar la resolución y evitar así una imagen de desunión.

Desde el PP y el PSOE se quitó relevancia a la imposibilidad de acordar una resolución conjunta contra el terrorismo y se recordó que el pacto firmado entre ambos partidos sigue vivo.