El Defensor del Pueblo europeo pide mejoras en el acceso a datos secretos
Si el Defensor del Pueblo europeo quiere consultar documentos calificados como secretos por un Estado miembro necesita una autorización. Según la comisión de asuntos constitucionales del Parlamento Europeo, este requisito entorpece la labor de investigación del defensor y propone su eliminación.
En septiembre, el pleno del Parlamento Europeo debatirá una propuesta de su comisión de asuntos constitucionales para modificar el estatuto del Defensor del Pueblo europeo. La reforma tiene su origen en una petición formulada por el actual defensor del pueblo, Jacob Söderman, y propone eliminar la autorización que un Estado debe dar para que el defensor acceda a datos calificados como secretos.
El objetivo último de la propuesta es dar mayor transparencia a toda la Administración comunitaria y reforzar la confianza de los ciudadanos en esta institución europea.
En la actualidad, los órganos comunitarios no pueden negar al defensor el acceso a los datos que solicita, salvo "por motivos de secreto debidamente justificados". En el caso de que los documentos emanen de un Estado miembro, el defensor deberá informarle de que va a proceder a la consulta. Y si el Estado declara que, según su legislación interna, la información se encuentra amparada por un derecho de secreto, entonces deberá autorizar o no el acceso a los datos que demanda el defensor.
Si el Parlamento europeo aprueba la reforma ahora propuesta, el Defensor del Pueblo podrá acceder a toda la documentación que requiera y sólo cuando se trate de informes secretos deberá prevenir al Estado afectado.
Secreto profesional
Según la propuesta, la reforma del estatuto no pone en peligro la seguridad de los datos, porque tanto el propio defensor como sus colaboradores están sometidos a un deber de secreto profesional. En todos los casos en que un documento ha sido clasificado como secreto o confidencial el defensor no puede divulgar su contenido. Según la propuesta de reforma, esta prohibición es suficiente para asegurar los datos a los que se accede.
Otro de los aspectos que deben modificarse para eliminar las trabas a la hora de realizar una investigación es la forma en que el defensor del pueblo puede recabar datos de los funcionarios de la Unión Europea. En la actualidad, todos los funcionarios de la Administración comunitaria están obligados a testificar si así se lo pide el defensor. Pero es obligatorio que "se expliquen en nombre y bajo las instrucciones de sus Administraciones y estén ligados por la obligación de secreto profesional".
Para Almeida Garret, europarlamentaria que ha elaborado la propuesta, esta situación es un restricción inaceptable de los poderes de investigación del Defensor del Pueblo. La propuesta va encaminada a que los funcionarios tan sólo "deban proporcionar informaciones completas y verídicas".
Como aclaran fuentes del Parlamento Europeo, los funcionarios se encuentran muy sometidos a sus superiores jerárquicos a la hora de declarar y esto es lo que se quiere suprimir.
En definitiva, el Defensor del Pueblo quiere transmitir a los ciudadanos que cuenta con todos los medios para llevar a cabo una investigación que garantice los derechos y la transparencia de las instituciones comunitarias.