<I>Huelgas antisindicales</I>
Hay que evitar que se extienda por analogía a todo el movimiento sindical el unánime y justificado rechazo de la ciudadanía a la conducta del Sepla.
La historia del movimiento sindical es la historia de la lucha por intentar mejorar las condiciones sociales, laborales y económicas de los trabajadores, para cuyo objetivo resultaba fundamental conquistar libertades básicas como las de asociación, reunión, manifestación y huelga, así como el derecho a la negociación colectiva. Sin ellos habría sido imposible contrarrestar el fuerte desequilibrio de poder que se da en la relación laboral individualizada entre el trabajador y la empresa que le contrata.
Ni que decir tiene que la conquista de las mencionadas libertades y derechos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y para quienes piensen que éstas son cosas de un pasado remoto es oportuno recordar que hoy existen en el mundo cientos de millones de trabajadores que no los poseen o los tienen extremadamente recortados. En España, durante la dictadura franquista y hasta 1962, la huelga era considerada delito de sedición y hasta la llegada de la democracia lo siguió siendo para una serie de actividades de la producción y de los servicios. Para las demás estaba expresamente prohibida. Permanece vivo en la memoria de muchos militantes sindicales el precio que hubieron de pagar para conquistar las libertades que hoy tenemos.
Era necesario este recordatorio para contextualizar mejor la valoración sindical que merece tanto la ristra de huelgas convocadas por el Sepla como la contumacia de esta organización parasindical en su contribución al descrédito de este derecho, fundamental para los trabajadores. Vale la pena insistir en el asunto para aminorar en lo posible el que, por analogía, se extienda a todo el movimiento sindical el unánime y justificado rechazo de la ciudadanía a la conducta del Sepla.
Uno de los efectos antisindicales de estas huelgas proviene de que para la opinión pública resulta impresentable el objetivo con que se pretenden justificar.
La gente se irrita, con razón, al saber que un colectivo que gana como promedio el doble de lo que, por ejemplo, gana un ministro, recurre de manera ventajista y sistemática a estos métodos para ver si en poco tiempo, en lugar del doble, ganan el triple. Con lo cual se resiente la legitimidad misma del asociacionismo sindical, que lejos de aparecer como una necesidad de organizarse para protegerse frente al mayor poder de la empresa y, por extensión, de los poderes económicos, aparece como una variante de confabulación para la extorsión laboral de la que son víctimas los usuarios e incluso la propia empresa. Se invierte la percepción de la función defensiva de los sindicatos y se da pie a que se revitalicen las campañas en su contra.
Un segundo efecto antisindical lo causa el claro abuso que hace el Sepla del recurso a la huelga. Aunque, afortunadamente, la Constitución reconoce y ampara adecuadamente este derecho, durante varios años planeó la amenaza de una regulación con rango de ley cuya finalidad, obvio es decirlo, hubiera sido dificultar todo lo posible su ejercicio. Los sindicatos consiguieron consensuar con el Gobierno del PSOE un proyecto de regulación que decayó por la convocatoria anticipada de elecciones. Pues bien, con el Sepla contribuyendo a dar argumentos a cuantos desde siempre tienen especial interés en desprestigiar el uso de la huelga, no cabría descartar que si por el empeoramiento del panorama económico y laboral o por agresiones a los derechos de los trabajadores, los sindicatos de clase se vieran obligados a promover respuestas huelguísticas de un cierto calado, el coro de voces reclamando del Gobierno mano dura sería probablemente muy sonoro.
Y con la derecha en el poder tampoco sería descartable un intento de regulación que exigiera tales trámites y tales responsabilidades a la hora de convocar y de participar en una huelga que, más que utilizar un derecho constitucional, parecería un ejercicio de alto riesgo.
Este tipo de organizaciones corporativas y elitistas despilfarran dichas libertades desde la irresponsable comodidad que produce saber que han sido otros quienes pelearon por su conquista y que serían otros y no ellos quienes volverían a batirse si desde los poderes públicos se intentara hacerlas retroceder. Y a modo de sarcasmo respecto de ese esfuerzo de los demás, incluido el de una parte de los trabajadores de sus mismas empresas, el Sepla pretende que sea cada vez más grande la porción que se llevan de lo que dichas empresas destinan al gasto en retribuciones y atenciones sociales generales.
En fin, habrá que confiar que entre sus afiliados prosperen las posiciones de quienes discrepan del rumbo que mantienen sus dirigentes y expresan sincera preocupación al comprobar cómo se acrecienta entre la ciudadanía el menosprecio hacia estos profesionales.