Bruselas estudia que las televisiones públicas escindan sus actividades
La Comisión Europea se propone extremar la vigilancia sobre las actividades comerciales de los canales públicos de radiodifusión. Bruselas comunicará a los Estados miembros el próximo 12 de julio sus intenciones de aplicar el máximo rigor para asegurar que la colosal presencia de los entes públicos no bloquea la entrada de nuevos competidores. La escisión de las actividades pública y comercial figuran en la recámara de la Comisión.
El comisario de Competencia, Mario Monti, ha convocado ese día a los especialistas de cada Gobierno en materia de ayudas de Estado, para adelantarles las nuevas directrices que se propone aplicar a la financiación de las televisiones públicas después del verano. Algunos Gobiernos piensan completar la delegación con algún alto funcionario del departamento de cultura, para intentar defender el servicio público que representan las teles estatales.
Pero la Comisión no se dispone a cuestionar ese carácter, consagrado en un protocolo del tratado de la Unión Europea de 1997. Su intención es "imitar la financiación pública al mínimo necesario para cumplir ese servicio", según explicó la semana pasada en Luxemburgo la comisaria de Cultura, Viviane Reding, que ha cerrado filas con el departamento de Mario Monti..
"Tras recibir varias quejas de canales comerciales [Tele 5 y Antena 3, entre otras], la Comisión ha decidido precisar las reglas previstas en el tratado", indican fuentes próximas a la comisaria. Monti y Reding argumentarán, en concreto, el temible artículo 86.3 del tratado, con el cual la Comisión abrió paso a la competencia en el monopolístico sector de las telecomunicaciones.
Con ese artículo, Bruselas obligó, por ejemplo, en 1999 a los antiguos monopolios telefónicos a crear una nueva empresa, contable y estructuralmente separada, si querían competir en las redes de televisión por cable.
En el sector televisivo, las demandas en favor de acciones similares se multiplican ante la Comisión Europea. Las televisiones privadas han denunciado en Bruselas desde los tentáculos respaldados por fondos públicos que acaparan los nuevos campos del sector (Internet, canales temáticos, etc.) hasta la competencia desleal por los ingresos de la publicidad. Reding ha expedientado además a algunos canales, como Televisión Española, por no respetar siquiera los límites a la emisión de anuncios (12 minutos por cada hora de programación).
Los dos comisarios ultiman ahora una comunicación (interpretación del tratado sin valor jurídico, pero que marca la línea de actuación del Ejecutivo) para exigir a los Gobiernos que precisen con nitidez la definición de servicio público. En octubre, la CE puede adoptar formalmente el texto.
El siguiente paso es investigar como ayuda de estado toda la financiación que exceda la estrictamente necesaria para cumplir esos objetivos. Monti ya preparó el terreno para esta disección contable cuando enmendó, el año pasado, la directiva sobre la transparencia financiera en las empresas públicas. Desde entonces, y pese a la férrea resistencia de Alemania, los entes públicos están obligados a presentar una contabilidad analítica que permita discernir el origen de sus recursos y su destino. Si la transparencia no termina con la presunta competencia desleal, la Comisión esgrime un arma más letal: la separación empresarial por áreas de negocio.