Aznar encara el debate del estado de la nación con promesas incumplidas
La revisión del sistema público audiovisual, la reforma de la ley de financiación de partidos y la modificación de la Ley Electoral para facilitar la gobernabilidad en los ayuntamientos son algunas de las asignaturas pendientes con las que el presidente José María Aznar encara mañana el debate sobre el estado de la nación.
Al margen del lastre que para Aznar supone afrontar el debate con el caso Piqué en plena efervescencia, hay otros puntos débiles que afectan al presidente del Gobierno y que arrancan de las promesas incumplidas que hizo en abril del año pasado durante el debate de investidura. Entre las prioridades que allí asumió figura la revisión de todo el sistema público audiovisual, que incluye una nueva regulación de las televisiones y las radios de titularidad estatal, autonómica y municipal. Un año después, el Gobierno no sólo ha incumplido esta promesa, sino que ha colocado al principal Ente público audiovisual, RTVE, en polémica permanente, sobre el que recaen acusaciones constantes de mala gestión y manipulación informativa.
El Gobierno también ha dejado dormir en el Congreso cinco proposiciones de ley destinadas a cambiar la ley de financiación de partidos de 1987. El presidente se comprometió a limitar los gastos electorales y a introducir transparencia en un nuevo sistema que ni siquiera ha empezado a negociar con el PSOE. Todos los intentos realizados por la oposición para afrontar esta reforma han resultado hasta ahora fallidos. Otro tanto ha ocurrido con la nueva regulación electoral, prometida por Aznar durante la sesión de investidura para facilitar la gobernabilidad de los ayuntamientos.
El PSOE ha acusado al PP durante el último año en distintas ocasiones de romper el pacto contra el transfuguismo negociado en su día con el Gobierno, aunque ha frenado, al menos momentáneamente, algunas operaciones como la de arrebatar la alcaldía al PSOE en el Ayuntamiento de Burgos.
El Gobierno ha aprobado desde el inicio de la legislatura una treintena de proyectos de ley y 14 decretos leyes. Entre las iniciativas de mayor envergadura figura el Plan Hidrológico Nacional y la Ley de Extranjería. Ninguna de las dos ha sido pactada con el PSOE, a pesar de las promesas de consenso realizadas también por Aznar en su investidura. En cambio, el Gobierno sí ha acordado con la oposición la reforma de la justicia y también ha alcanzado un pacto sobre la lucha antiterrorista, paso que evitará probablemente en el debate de mañana cualquier cruce de reproches entre el presidente y el líder del PSOE.
En el plano económico volverán a escucharse dos discursos. El de quien, como José María Aznar, parece satisfecho de la efectividad de las medidas liberalizadoras adoptadas hasta ahora por el Gobierno y el de quien concibe las mismas como un mero ejercicio de propaganda política. Es el caso de Rodríguez Zapatero.
Fuente socialistas informan que el líder del PSOE se resistirá a agitar los casos de presuntas irregularidades que en los últimos meses han salpicado a varios miembros del Gobierno, después del intercambio velado de amenazas mantenido la semana pasada con el PP.
El líder socialista considera que puede ser mucho más efectiva la denuncia de aquellos problemas que afectan de manera más directa a los ciudadanos, sobre todo los relacionados con la sanidad, la educación y la falta de seguridad ciudadana.