El jefe de Inspección de la Fiscalía cree que debe apoyarse la imputación de Piqué
El jefe de Inspección y número tres de la Fiscalía General, Juan José Martínez Zato, considera que debe apoyarse la imputación del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en el caso Ercros porque, aseguró, es "arriesgado" ir en contra de la opinión del fiscal del asunto.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, convocará a la Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la Fiscalía General del Estado, para someter a debate y votación el informe del fiscal Bartolomé Vargas en el que solicita la competencia del Alto Tribunal y la declaración como imputado del ministro Josep Piqué por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida y delito fiscal en relación con el caso Ercros.
El jefe del Servicio de Inspección y número tres de la Fiscalía General, Juan José Martínez Zato, anunció ayer en declaraciones a la Cadena Ser que en la Junta de Fiscales de Sala apoyará el informe de imputación del fiscal Vargas. Martínez Zato no fue así de directo en sus manifestaciones, pero afirmó que no se siente "capacitado para llevar la contraria a Bartolomé Vargas". Y añadió que le resulta "muy arriesgado, por no decir imprudente", ir en contra de "la opinión sostenida por un fiscal que ha estudiado uno tras otro los 15.000 folios" de la causa.
Martínez Zato dijo "no ser más sabio" que los fiscales del Supremo, "muy técnicos y especialistas en este tipo de asuntos". Además adelantó que su intención es la de pedir al fiscal general del Estado la comparecencia de Bartolomé Vargas ante la Junta de Fiscales de Sala.
El pasado miércoles la junta de fiscales de la Sección de lo Penal del Supremo apoyó por 10 votos a favor y dos en contra el informe de Vargas. Un pronunciamiento que Cardenal quiso que revisara la junta general del Supremo, compuesta por 40 fiscales. Una pretensión que resultó fallida porque la junta general consideró que nada nuevo podía decir sobre el asunto, cuando éste se había tratado en la junta de la Sección, donde están los verdaderos expertos en derecho penal. Ante esta situación el fiscal general acordó llevar el caso ante la Junta de Fiscales de Sala.
La actuación de Cardenal en este asunto está siendo muy criticada. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al fiscal general que "cumpla con su obligación legal y constitucional". Zapatero consideró "fuera de lugar" los reproches del PP a su partido.
El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, instó al fiscal general a que se inhiba del caso porque su continuidad al frente de la fiscalía depende del Consejo de Ministros, del que forma parte Piqué.
El fiscal Anticorrupción Carlos Castresana también se mostró partidario de que Cardenal se aparte del asunto porque asegura "tiene un interés en la causa". Sin embargo, las dos asociaciones de fiscales rechazaron este planteamiento.
Mientras, el ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, tras el Consejo de Ministros de ayer, volvió a reiterar el apoyo del Ejecutivo y del PP a Piqué y pidió a la oposición "respeto y rigor" hacia los derechos fundamentales de Piqué.
Un senador en la trama
El senador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Juan Pablo Hernández, ha sido acusado de un presunto delito de estafa, prevaricación y falsificación de documento público, informa José Luis Jiménez Mendoza.
El senador permitió que la empresa Flumelan recibiese en 1995 de Ercros un total de 824 millones para realizar una serie de obras en la urbanización turística de Costa Teguise, dinero que al parecer se destinó a pagar deudas de un complejo agroindustrial y a financiar campañas electorales de su partido, el PIL.
Hernández sustituyó a Dimas Martín en el Senado después de que éste fuera condenado en el Supremo a tres años de prisión e inhabilitación por cohecho.