Aerolíneas suspende pagos, pero mantiene abierta la negociación

El consejo de Aerolíneas Argentinas decidió ayer presentar la suspensión de pagos y anular los convenios colectivos de trabajo vigentes. Una resolución judicial del miércoles complica el trámite judicial en favor de los sindicatos. El Gobierno argentino presiona in extremis a los dos dirigentes sindicales rebeldes a firmar un acuerdo con la empresa.

Antonio Ruiz del Árbol / Ángel Jozami Madrid

La decisión del consejo de Aerolíneas de "solicitar la formación de concurso preventivo de acreedores" (suspensión de pagos) fue comunicada oficialmente ayer por la tarde en Buenos Aires y Madrid.

"La suspensión de pagos supone la no aplicación de los convenios colectivos de trabajo de la empresa y, por tanto, sólo se reconocerán los derechos contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo", dijeron los portavoces de la compañía.

Sin embargo, esta interpretación choca con la situación judicial creada tras una resolución del juez federal argentino Martín Silva Garretón, que dio lugar a una medida cautelar pedida por la dirigente del sindicato de aeronavegantes y diputada nacional Alicia Castro. El fallo crea obstáculos, ya que establece que la compañía no debe despedir personal, al tiempo que no puede vender marcas ni sus rutas aéreas. Y lo que es más importante aún, el juez ordena que aporte capitales para que la empresa siga volando y que "se abstenga de modificar la situación laboral de sus dependientes". De acuerdo con medios legales consultados, esta medida cautelar impide a Aerolíneas presentar la suspensión por la vía administrativa, lo que fue confirmado por la empresa al anunciar que será tramitada en el fuero comercial. Ante esta situación, Aerolíneas apelará la sentencia y se estima "que en plazo de pocos días, otra resolución judicial podrá dejar sin efecto la del juez Silva Garretón".

Negociaciones

A la misma hora que la compañía comunicaba la resolución del consejo, votada unánimemente por los representantes de la SEPI y del Gobierno argentino, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, se reunían con Castro y el dirigente de los técnicos aeronáuticos, Ricardo Cirielli. La ministra advertía previamente que "Cirielli comete un gravísimo error si no firma un acuerdo". Mientras el sindicato de Castro pedía ayer a la ministra que abriera negociaciones con la SEPI, Cirielli se opone a firmar "cualquier cosa que nos quieran imponer". Sin embargo, antes de entrar en la reunión dijo a Cinco Días que "sólo firmaría algo que sea conveniente para el sindicato y que sirva a la empresa".

Al ser consultado si esto supone un cambio en su posición contraria al Plan Director de la SEPI, Cirielli dijo que "ese plan no es perfecto, pero si ellos (la empresa) están dispuestos a escuchar la propuesta que le hicimos en Madrid y hace dos día al presidente Fernando de la Rúa, estamos abiertos a conversar. No hemos cambiado nuestra posición". En el Gobierno argentino existían serias expectativas de que el dirigente rebelde revisara su posición y que la SEPI acercara posiciones a su sindicato. Incluso hubo gestiones de último momento de altos niveles gubernamentales de Argentina para hacer factible un consenso y solucionar el conflicto.

Por su parte, fuentes de la SEPI, propietaria del 92% de Aerolíneas, explicaron que el proceso judicial que se inició ayer es un largo trámite que dura más de 30 días.

La Cámara de Apelaciones en lo Comercial, donde hoy se presentará la suspensión de pagos, elegirá mediante sorteo cuál es el juzgado que se encargará del procedimiento, y dará luz verde para que Aerolíneas convoque una junta general de accionistas en un plazo de 30 días. Este foro, en el que estarán presentes representantes de Interinvest (entidad a través de la cual la SEPI controla Aerolíneas), el Gobierno argentino y los trabajadores de la empresa, será el que en definitiva ponga en marcha las medidas que lleva aparejada la suspensión de pagos.

La nueva situación de la empresa se comunicará a los interesados mediante la publicación de edictos y después se elegirá a los administradores, que en la legislación argentina se llaman síndicos.

Agregaron que la empresa respetará los "acuerdos convencionales" alcanzados con cinco sindicatos, pero que ignorará totalmente los convenios de los dos sindicatos rebeldes si éstos persisten en su rechazo a negociar.

Asimismo, fuentes cercanas al Gobierno español explicaron que la suspensión de pagos es, además de una consecuencia inevitable de la insolvencia en la que vive la compañía, un último intento para intentar una vía de salvación.

Estas fuentes consideran inevitable que, tras la petición de suspensión, las empresas a las que se les deben 607 millones de dólares evitarán seguir prestando servicios a la compañía, ya que la SEPI no pondrá más dinero si no se acepta su plan director.

En esta dinámica, Aerolíneas podrá quedar completamente paralizada en el plazo de una semana. Una presión extrema para los sindicatos, que pueden avenirse a negociar.

 

Una privatización viciada desde su origen

La accidentada historia de la venta de Aerolíneas arranca en 1990. Con la economía del país asediada por la hiperinflación, el Gobierno de Carlos Menem se embarcó en un proceso de venta de todas las empresas públicas. En el caso de Aerolíneas, Iberia fue la única que presentó oferta para adquirir el 30% de las acciones. En julio de 1990 se fijó el precio de la venta en 529,5 millones de dólares, más 1.500 a pagar en títulos de la deuda argentina. Incluso antes de la firma, las cosas marcharon mal. Iberia acusó a los anteriores administradores de cobrar un número alto de billetes con fecha de vuelo posterior a la privatización. Este litigio retrasó un año la firma. Hasta 1995 los resultados de la empresa fueron de mal en peor, hasta acumular pérdidas por más de 100.000 millones de pesetas, que estuvieron a punto de arrastrar a Iberia a la quiebra y obligaron a un largo proceso de autorización de ayudas públicas a la compañía española por la UE y a la reducción de los sueldos de sus empleados. El Gobierno español decidió que la SEPI se hiciera con la propiedad de la empresa argentina para evitar males mayores en Iberia. Entre tanto, Aerolíneas vivía procesos de huelga salvaje de distintos colectivos a los que intentaba aplicársele medidas de gestión. Los inversores privados y el Estado argentino que acompañaron a Iberia como accionistas en la privatización no acudieron a las continuas ampliaciones de capital que necesitaba la empresa, por lo que el ente español terminó por hacerse con más del 80% de las acciones. En 1996 se vivió el único año de bonanza con resultados equilibrados. Entonces la SEPI cedió la gestión de Aerolíneas a American Airlines, quien volvió a meter a la compañía en números rojos. Ferreras tuvo que volver a hacerse cargo de la maltrecha empresa y ha pagado más de cinco millones de dólares al mes hasta la fecha para mantenerla con vida.