La Audiencia Nacional rechaza extraditar a Arriortúa a EE UU
La Audiencia Nacional dictó ayer una sentencia por la que deniega la demanda de extradición presentada por Estados Unidos contra el industrial Ignacio López de Arriortúa por delitos relacionados con el espionaje industrial. El tribunal no considera de especial gravedad los supuestos delitos para acordar la entrega del ingeniero y concede la posibilidad de que Estados Unidos presente su acusación ante los tribunales españoles.
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la extradición del industrial navarro Ignacio López de Arriortúa a Estados Unidos, porque considera que la demanda de entrega "no se encuentra justificada". Al mismo tiempo ofrece a los estadounidenses "la posibilidad de proceder a su persecución por los tribunales españoles". Arriortúa, tras conocer la resolución, se mostró satisfecho "con la justicia española, sus jueces y el Estado de Derecho".
El tribunal estima que se cumplen todos los requisitos exigidos en el Tratado de Extradición firmado por España y Estados Unidos para que un nacional pueda ser entregado y juzgado. Sin embargo, la Audiencia Nacional argumenta que los delitos por los que se formula la demanda de extradición no revisten gravedad.
Arriortúa es acusado de sustraer documentos de la General Motors, donde ocupó la vicepresidencia, para entregarlos a la competidora Volkswagen, por la que fichó tras dejar la primera compañía. Un gran jurado de Detroit procesó a Arriortúa. Le acusó "de mantener negociaciones secretas con ejecutivos de Volkswagen en 1992" para la sustracción de "material confidencial de la General Motors/Opel".
El tribunal matiza que si bien es cierto que se reconoce la posibilidad de extraditar a un nacional a Estados Unidos, esto no significa que exista la obligación de hacerlo. Añade que "es preciso destacar que, cuando este tribunal ha accedido a la entrega de los propios nacionales, lo ha hecho teniendo en cuenta que se trataba de delitos de singular gravedad", como violación, tráfico de estupefacientes y estafa, agravada por afectar a múltiples perjudicados.
En este sentido, la Sala manifiesta que "en el presente caso los diversos delitos que sirven de fundamento a la petición de extradición, apoderamiento ilícito de documentos y revelación de secretos industriales, no dan lugar en España a una responsabilidad grave". Además destaca el acuerdo al que llegó el consorcio General Motors/Opel y el grupo Volkswagen, "cuyos efectos también se extenderían al reclamado", dice la sentencia.
Tratamiento médico
Además de la falta de gravedad de los supuestos delitos y de la posibilidad de que se depuren por los tribunales españoles, la Audiencia Nacional esgrime otro argumento, las secuelas que padece Arriortúa tras el accidente de tráfico que sufrió en 1998 y por el que estuvo tres meses en coma. La Sala reconoce que el ingeniero aún padece secuelas graves que exigen tratamiento médico y le incapacitan absolutamente para cualquier actividad laboral, de forma, dice la Sala, "que en la actualidad se encuentra retirado de cualquier cargo directivo o responsabilidad empresarial".
La Audiencia Nacional también compara el tiempo que Estados Unidos ha tardado en formular la demanda de extradición, siete años, y el plazo de prescripción del delito por el que reclama la entrega, cinco años. Y destaca que "esta circunstancia, aunque es insuficiente para declarar extinguida la acción penal, sí resulta concluyente para afirmar que en el momento actual los fines preventivos vinculados a la persecución penal se encuentran sumamente debilitados".
Además menciona que en Alemania ya se investigaron los mismos hechos, aunque no hubo sentencia. Esta resolución es recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
De Superlópez
a los pasillos de los tribunales
Sus revolucionarios métodos para reducir los costes de producción en las compañías le convirtieron en el ejecutivo estrella. De Ignacio López de Arriortúa pasó a ser Superlópez. En 1992 llegó a Detroit (Michigan) para ocupar la vicepresidencia mundial de compras de General Motors.
En 1993 fichó por el grupo alemán Volkswagen. Un mes después saltó el escándalo de la sustracción de información confidencial en General Motors. En 1993, Estados Unidos comienza una investigación judicial contra el industrial español, que siete años después acaba en la demanda de extra-dición. En 1996 dimite de la vicepresidencia de Volkswagen. Cuatro meses antes Arriortúa pagó 34 millones para evitar un juicio en Alemania por la sustracción de documentos en General Motors.
La dimisión fue un requisito para llegar a un acuerdo económico con Volkswagen. æpermil;sta pagó 100 millones de dólares a General Motors y se comprometió a comprar componentes de coches por importe de 1.000 millones de dólares.