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Montoro acusa al PSOE de castigar con su IRPF el ahorro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, arremetió ayer contra la propuesta fiscal del PSOE y advirtió que eliminar las deducciones atenta directamente contra el ahorro y la inversión de las familias. En tono electoral, Montoro recordó al PSOE que en España 4,5 millones de españoles se benefician anualmente de la desgravación fiscal por la compra de vivienda.

El titular de Hacienda, acompañado en el turno de réplicas por los comentarios de ánimo del diputado popular Vicente Martínez Pujalte, fue especialmente jocoso al referirse a la oferta fiscal del PSOE, que propone sustituir los actuales seis tramos de la escala del IRPF por uno solo, o dos a lo sumo, además de equiparar los tipos de tributación de las rentas del trabajo y las rentas del capital. Un tipo "desconocido" fue la broma recurrente de los parlamentarios populares.

Montoro acusó de "frívolo" a Jordi Sevilla, portavoz de economía del PSOE, y a su partido por proponer la supresión de las deducciones fiscales, asegurando que esta medida atenta directamente contra el ahorro y la inversión de las familias. "Hoy", dijo el ministro, "10 millones de ciudadanos tienen algún tipo de ahorro, sin contar con el patrimonio de la vivienda". Recordó que cada año se firman en España 550.000 hipotecas y que 4,5 millones de españoles tienen la oportunidad de desgravarse fiscalmente por la compra de este bien inmobiliario.

El portavoz socialista aprovechó su turno de réplica para recordar que el Gobierno no es quién para dar lecciones en este campo, "porque favorecer el aumento del precio de la vivienda no es ni mucho menos la mejor manera de incentivar el ahorro familiar", espetó Sevilla.

La oferta fiscal del PSOE ocupó la mayor parte de la comparecencia del ministro, que, sin embargo, había acudido al Congreso de los Dipu-tados para recordar a la opinión pública que su partido, el PP, también tiene la intención de rebajar los impuestos "con el objeto de favorecer a las familias y a las rentas más bajas".

No dijo cuándo ni cómo se hará esa rebaja del impuesto sobre la renta, pero advirtió que "el equilibrio de las cuentas públicas es la única garantía para bajar los tributos", e insistió en que el Gobierno logrará este año el anunciado déficit cero. Lo que fue duramente contestado por los diputados de la oposición, que recordaron al Gobierno hasta dónde ha escalado la inflación en los últimos meses.

Durante su intervención Montoro no olvidó la promesa de eliminar el IAE y sustituir esta fuente de financiación de los ayuntamientos -aproximadamente 200.000 millones de pesetas- por otra. Sin especificar, una vez más, por cuál.

Las generalidades acompañaron al titular de Hacienda durante toda la mañana y no le abandonaron durante los distintos turnos de réplica.

De nuevo se refirió a los efectos positivos de la anterior reforma del IRPF, destacando el ahorro de 800.000 millones de pesetas para los contribuyentes y la creación de 60.000 empleos, y volvió a las medidas aprobadas en junio del pasado año en favor del ahorro familiar, las pymes y la internacionalización de las empresas. Fue el momento de recordar que hasta la fecha se han efectuado 2,4 millones de devoluciones en la campaña de la renta, el 180% más que el años pasado.

Su imprecisión fue aprovechada por el portavoz socialista, quien aseguró que para conocer la reforma del PSOE y su tipo único queda un año, pero para conocer la oferta fiscal del PP queda un ejercicio más.

 

El control del IPC, básico para la reforma

Cristóbal Montoro reconoció que el Gobierno deberá hacer "un importante esfuerzo por controlar la inflación si quiere llevar a cabo su anunciada reforma fiscal". El titular de Hacienda hizo estas declaraciones tras finalizar su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Montoro evitó en todo momento ligar la rebaja fiscal a la evolución de la inflación, pero no tuvo más remedio que reconocer que el control de los precios es fundamental y previo para poder hacer rebajas fiscales adicionales.

Aseguró Montoro que el Gobierno hará cuanto esté en su mano para reducir la escalada de precios y que utilizará especialmente la política presupuestaria, aunque no concretó si llevará a acabo un recorte de gasto público.

Ayer, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción de CiU, en la que se insta al Gobierno a impulsar una nueva reforma del IRPF que potencie los sistemas complementarios de previsión social y mejore la situación de la familia, los discapacitados y las rentas de trabajo. También propone cambios en sociedades y la supresión del IAE.

La moción fue apoyada por los votos del PP y Coalición Canaria y contó con el rechazo del PSOE e IU.

 

El IEE propone tres tipos del 18% al 35%

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) avivó ayer el debate político sobre el modelo futuro del impuesto sobre la renta con una propuesta consistente en un impuesto con tres tipos, que irían del 18% al 35% como marginales, y con un tipo único sobre las rentas de capital que debería estar por debajo del 18%. El Instituto de Estudios Económicos es-tá presidido por Arturo Gil (vicepresidente de la patronal CEOE), y dirigido por Juan Iranzo; su anterior director fue el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de dedicarse a su carrera política en el Partido Popular.

El director del IEE, Juan Iranzo, explicó ayer que la reforma del IRPF debería hacerse en 2002, y hacerla de tal forma que no se perdiese recaudación. A su juicio, el marginal mínimo sería el 18%, y el máximo, el 35%, igual que el de sociedades. Aseguró que el tipo medio debería estar entre el 27% y 28%. Con esta estructura, el IEE estima que los españoles tendrían más renta disponible y generaría menos tensiones sobre la negociación colectiva.

El presidente de la institución, Arturo Gil, aseguró que la medida "no supone ni aprobar ni rechazar la propuesta del PSOE de un tipo único, que no conocemos en detalle, pero que nos parece bastante imposible".

Para el IEE, esta simplificación que propone del IRPF permitirá luchar contra el fraude y homogeneizar la imposición sobre los rendimientos del capital "por debajo del 18%".

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