Cataluña pide viviendas para alquilar a los inmigrantes

El consejero catalán de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macías, propuso ayer que las Administraciones públicas creen bolsas de vivienda social para destinar al alquiler de la población con menos recursos, fundamentalmente inmigrantes.

Aunque básicamente se trata de patrimonio público (ayuntamientos, consejos comarcales o mancomunidades) o procedente de entidades sin ánimo de lucro, la bolsa de vivienda se podría nutrir también con pisos de particulares. En este caso, la entidad que gestione la bolsa debería garantizar a los propietarios el cobro de los alquileres y la conservación de la vivienda. Los contratos de alquiler se adjudicarían de acuerdo con los servicios sociales municipales.

Según el consejero catalán, el futuro plan de vivienda estatal debería contemplar ayudas para que los agentes que pongan en marcha estas bolsas dispongan de suficientes recursos para adquirir viviendas de segunda mano.

Al margen de cuál sea la respuesta del Gobierno central, la Generalitat ha decidido dar comienzo ya a tres experiencias piloto en Olot (Girona), Vic y L'Hospitalet (ambas situadas en Barcelona), en colaboración con sus respectivos ayuntamientos y diversas entidades cívicas.

En cada una de estas localidades se creará una bolsa de vivienda social con alrededor de 30 pisos para poner a disposición de los colectivos que no tienen acceso a una vivienda digna (según una encuesta de la Generalitat, el 13% de la población catalana no tiene acceso a ella).