<I>Dar patadas a la colmena</I>
José María Zufiaur considera que los cambios propuestos por el Gobierno en materia de negociación colectiva supondrían, de llevarse a cabo, la mayor agresión contra los trabajadores desde la llegada de la democracia.
Desde que tiene mayoría absoluta, el Gobierno del PP parece poseído de lo que Bettino Craxi denominaba "decisionismo político", la señora Tahtcher llamaba "contundencia en el gobernar" y que en los tiempos de los mandatos de Felipe González con mayoría absoluta se catalogaba simplemente como prepotencia. La pérdida del sentido de la realidad y la tendencia a acumular errores suelen ser las consecuencias más habituales de este tipo de síndromes políticos. El pasarse de rosca en la campaña de las elecciones vascas, la perceptible pérdida de crédito político en Europa como consecuencia de una inapropiada y extemporánea vinculación entre futuras ayudas estructurales a las regiones españolas y periodos transitorios para la libre circulación de trabajadores de los países que están en proceso de incorporación a la UE o la puesta en cuestión de la concertación social imponiendo por decreto-ley una nueva reforma laboral contra la voluntad de los sindicatos son algunas de las manifestaciones más recientes de esa manera de proceder.
Ahora, con la misma aparente contundencia, el Gobierno y el Banco de España, o viceversa, parecen dispuestos, a tenor de diversas declaraciones de los responsables del área económica del Gobierno y de las realizadas el viernes pasado por el gobernador del Banco de España, señor Caruana, a desmantelar los pilares sobre los que se asienta nuestro sistema de relaciones laborales; a poner patas arriba los cimientos de la negociación colectiva. Cimientos que son los mismos que han sustentado el largo periodo de concertación social desarrollado en España desde 1979. En julio de ese año se firmó el Acuerdo Básico Interconfederal, a partir del cual se redactó consensuadamente entre UGT, CEOE, UCD y PSOE el Estatuto de los Trabajadores, y especialmente su título III, que trataba "de la negociación y de los convenios colectivos".
De llevarse a cabo los cambios que hasta el momento sólo circulan como informes y propuestas encargadas por el Gobierno a determinados expertos -eliminar la cláusula de revisión salarial, eliminar la eficacia general y el carácter normativo de los convenios, eliminar la ultraactividad de las cláusulas normativas de los convenios, suprimir la irradiación de la representatividad de los sindicatos más representativos, suprimir los convenios sectoriales de ámbito provincial, favorecer la desvinculación de los convenios de empresa respecto de los de ámbito superior, etcétera- nos encontraríamos ante la ruptura del consenso básico sobre el que se estableció nuestro sistema de relaciones laborales. Y ante la mayor agresión perpetrada contra los trabajadores españoles desde la instauración de la democracia.
Cuesta, sin embargo, creer que el Gobierno y, más aún, la CEOE puedan terminar lanzándose a una operación tan descabellada. Una cosa son las posiciones doctrinarias, que, por otra parte, tan poco se ajustan a la realidad de la dimensión de las empresas españolas y a los contenidos que realmente se pactan en los distintos ámbitos de negociación colectiva, y otra muy distinta el arriesgarse a arruinar el mayor activo con el que cuentan las empresas y la política macroeconómica de nuestro país. Me refiero a la moderación salarial que des-de l980, pero particularmente en los últimos años, vienen practicando los sindicatos españoles de motu proprio, sin necesidad de acuerdos interconfederales, sin contrapartidas, gratis total. Moderación salarial que ni va acompañada por la moderación pactada de otras rentas ni diferencia a las empresas que crean empleo de las que lo destruyen, de las que tienen grandes beneficios, invierten en capital que ahorra trabajo o convierten sus beneficios en inversiones en el extranjero.
Cuesta aceptar que en un contexto en el que la inflación en España se está disparando mientras que el Pacto de Estabilidad europeo impone el paradigma de la estabilidad de precios; y en el que en varios países europeos (Italia, Irlanda, Bélgica, Holanda, Finlandia, Portugal) se han revitalizado los pactos sociales para que la política de rentas sea compatible con los objetivos generales de la política económica respecto al equilibrio exterior, el crecimiento y la creación de empleo, el Gobierno sea tan insensato como para arriesgarse a que las negociaciones salariales se retrotraigan a la etapa anterior al AMI, cuando las demandas salariales se articulaban sumando a la inflación pasada el incremento esperado de la productividad. Y a convertir en un campo de batalla una institución, la negociación colectiva, que ha funcionado razonablemente bien. Antes de seguir lanzando globos sonda y dando patadas a la colmena, el Gobierno haría bien en pensarse dos veces cualquier movimiento que rompa el ya desequilibrado equilibrio de la negociación colectiva. Ya que puede estar seguro de que nada que se haga en esta materia sin el consenso pleno de empresarios y sindicatos va a mejorar la situación actual.