Las cajas sevillanas esperan que un pacto político salve la fusión
Tal y como están colocadas las piezas, la fusión de las cajas sevillanas sólo puede quedar a salvo mediante un pacto político. Las tesis irreconciliables de los dos bandos augura efectos incendiarios. Además del eventual bloqueo del proyecto de fusión aprobado el 15 de mayo, pueden confirmarse graves sanciones e interminables procesos judiciales, sin contar el coste político o el daño financiero. Con trauma o sin él, la situación se aclarará esta semana.
La apuesta está siendo tan fuerte que ya nadie espera que la Junta y el PSOE vayan a renunciar a imponer la renovación o que las cajas sevillanas terminen aceptándola después de lograr que los consejos de administración, con los votos del PSOE, paralizaran las elecciones al aprobar la fusión el 15 de mayo.
A los primeros parece no intimidarles el peligro cierto de judicialización y la acusación de que serán los responsables del fracaso de la fusión. Y los segundos, capitaneados por los presidentes Isidoro Beneroso (El Monte) y Juan Manuel López Benjumea (San Fernando), tampoco están dispuestos a dar marcha atrás, a pesar de la amenaza de sanciones y de que la fusión puede ser declarada ilegal. Todos los observadores coinciden ya en que los dos bandos deben encontrarse en la mitad del camino, sin grandes derrotas ni grandes victorias.
La negociación está siendo compleja y sus posibilidades de éxito son inciertas, ya que requiere el beneplácito de fuerzas políticas y sindicales que están frontalmente en contra de los planteamientos socialistas: PP, IU, CC OO y los socios del PA.
Estos últimos, que comparten con el PSOE el gobierno de la Junta, han dado por rotos los acuerdos con el PSOE por entender que los requerimientos de la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, chocan con la búsqueda de una salida negociada a la crisis.
Así las cosas, con consejos extraordinarios convocados para hoy y mañana en San Fernando y El Monte y con las asambleas que deben dar vía libre a la fusión fijadas para el miércoles, la última esperanza es que el acuerdo esté cerrado esta misma tarde. De esta forma, el eventual pacto que salve la fusión con la alianza del grueso de las fuerzas políticas y sindicales representadas en los órganos de gobierno podrá plasmarse en estas tres citas cruciales.
¿Por dónde iría este acuerdo? Se trata, y sobre estos aspectos gira la negociación, de salvar la fusión y también la renovación acelerando al máximo los trámites de la primera y retrasando los procesos electorales al límite de lo que marca la ley.
Aprovechando que el registro ha vuelto a rechazar la inscripción de los estatutos de las dos entidades por faltar el trámite de la notificación definitiva de Economía, la Junta podría solventar ahora este trámite y la renovación podría comenzar en un mes y prolongarse durante otros seis. De esta for-ma, el proceso electoral y la salida de Beneroso y Benjumea (desautorizados por el PSOE), estarían culminados a primeros del año que viene.
El peligro del desacuerdo
De no alcanzarse el acuerdo, los posibles escenarios son traumáticos. El rechazo a las tesis del PSOE suscita tal unanimidad que cobra fuerza la hipótesis de que los socialistas no puedan imponer su apuesta por la renovación paralela a la fusión ni en Caja San Fernando, donde sus apoyos son mayores que en El Monte.
Si el PSOE no logra la mayoría en el consejo de hoy en esta última caja, cuando se vote su propuesta de activar la renovación de cargos, es más que probable que tampoco El Monte ponga en marcha el proceso electoral al día siguiente. En esta hipótesis, se llegará a la asamblea del miércoles día 20 y los socialistas tendrán que votar allí en contra del proyecto de fusión que recoge la paralización de la renovación. Si votaran a favor de la unión y ésta siguiera adelante, sería la Junta quien desautorizaría la operación y el conflicto acabaría en los tribunales.
En todos los supuestos la Consejería de Economía, que ha dado un ultimátum a las cajas para que cumplan la ley y activen el proceso electoral, podría además actuar contra las cajas. Y éstas, a su vez, llevar a los tribunales las medidas de la Junta.
El Monte, por ejemplo, sostiene que ésta no está legitimada para enviar requerimientos a la entidad porque su comisión de control rechazó explícitamente la intervención de la consejería.
Otra hipótesis es estos escenarios sin acuerdo es que los socialistas ganen hoy en el consejo de San Fernando. Esta posibilidad sería todavía más difícil si su presidente hace valer la interpretación de que los socialistas necesitarían dos tercios del consejo y no la mayoría simple con el argumento de que se trata de cambiar un punto de un acuerdo de fusión.
Si finalmente el PSOE logra activar el proceso electoral en San Fernando, El Monte, al día siguiente, puede dar por roto el acuerdo de fusión. Argumentaría que Caja San Fernando habría modificado unilateralmente el proyecto.