La atención a casos crónicos requiere 150 millardos más
El Ministerio de Sanidad calcula que el Sistema Nacional de Salud (SNS) debería incrementar anualmente sus recursos entre 106.200 y 157.500 millones de pesetas para hacer frente a la atención sociosanitaria.
Los cuatro billones de pesetas que el SNS gasta al año en asistencia sanitaria son insuficientes para cubrir los gastos de la atención sociosanitaria, la nueva prestación de la Seguridad Social que el Gobierno quiere impulsar a través de la llamada Ley de Dependencia. El departamento que dirige Celia Villalobos calcula que serán necesarios hasta 157.500 millones más al año para financiar la nueva prestación.
En el borrador Bases para un Modelo de Atención Sociosanitaria, que el ministerio negociará con las comunidades autónomas el próximo 30 de junio en el Consejo Interterritorial de Salud, el departamento de Villalobos reconoce que la financiación de estos costes está condicionada al modelo de financiación sanitaria, pero considera que la fórmula más adecuada para hacer posible la atención a las personas dependientes es la creación de un fondo finalista del ministerio.
Las comunidades autónomas sufragarían el 50% del crédito que se destinaría a pagar los gastos generados por los enfermos geriátricos, mentales crónicos, pacientes con grandes minusvalías, los enfermos terminales, los crónicos dependientes y marginados con problemas sanitarios.
El informe destaca la importancia de que los servicios de atención primaria se conviertan en la puerta de acceso al sistema sociosanitario y propone introducir el copago en los cuidados hospitalarios de larga duración, a partir de un determinado límite de tiempo "si las condiciones económicas y sociales del enfermo le permiten soportar estos gastos".
En este punto, establece los módulos de financiación, uno sanitario, sufragado con fondos públicos, y otro de dependencia, financiado a través de un seguro público o privado o de los servicios sociales. En este sentido, el documento reconoce que la ley impide en la actualidad que los cuidados sanitarios supongan un coste adicional para el ciudadano, por lo que para hacer efectiva esta propuesta de copago en los hospitales públicos es preciso la revisión del Real Decreto 63/95, de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
No es ésta la única norma que hay que modificar para poner en marcha el nuevo servicio de dependencia. En el documento se propone la modificación del código penal para recoger una referencia más expresa al hecho del abandono de personas dependientes.
También se insta a la elaboración y desarrollo de una ley que instituya una prestación económica de la dependencia en el ámbito de la Seguridad Social. Se propone la creación, mediante real decreto, de una comisión mixta entre los Ministerios de Trabajo y Sanidad para el control y seguimiento de la atención sociosanitaria.
Por último, el ministerio quiere que los hospitales provinciales dependientes de las diputaciones pasen a transformarse en centros sociosanitarios.