La OCDE pide a España que baje las pensiones y obligue a capitalizar fondos
La Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) pide al Gobierno español que recorte la generosidad del sistema de pensiones para poder hacer frente al gasto que generará el envejecimiento de la población en las próximas décadas. También pide hacer obligatorio un sistema privado complementario, recortar las indemnizaciones por despido y liberalizar más los mercados energéticos. Alerta sobre los riesgos inmediatos de una inflación alta.
El informe sobre España publicado ayer por la OCDE hace un balance positivo de los últimos años, pero advierte de numerosos riesgos para el futuro, tanto el inmediato como el de largo plazo, si no se corrigen determinados males. El principal problema inmediato es la inflación y el principal problema de largo plazo, el sobrecoste de las pensiones por el envejecimiento poblacional.
La OCDE asegura que las condiciones de relajación monetaria en las que entró España en la Unión Monetaria (con tipos del 3%) han estimulado la demanda hasta el punto de forzar en exceso la oferta en 2000, a pesar del ajuste del gasto público, y han estimulado la inflación subyacente. Por ello considera que hay que reducir la inflación subyacente cuanto antes para evitar pérdidas de competitividad de los productos españoles.
Asegura que contribuirá a ello la mejora de las cuentas públicas, aunque no será suficiente. Es preciso, dice la OCDE, "un cierto ajuste adicional de la política fiscal"; pero a renglón seguido reconoce que esto tiene riesgos "cuando la actividad está a la baja, y eso desaconseja hacer el ajuste fiscal de inmediato". El instituto parisino asegura que el crecimiento será sólido en los próximos años, del en torno del 3% este año y el próximo, pero advierte que el endeudamiento del sector privado, las presiones inflacionistas y las escasas mejoras de la productividad pueden poner en peligro un crecimiento más longevo.
Presión salarial sobre IPC
El avance de la inflación (que llegó a una tasa anual del 4,2% en mayo) es imputable a factores especiales, "pero también a la alta utilización de la capacidad productiva y al incremento de los costes laborales, en muchos casos provocados, además de por las revisiones salariales obligadas por la inflación del ejercicio anterior, a las presiones provocadas por la falta de trabajadores en algunas regiones".
El informe considera que los esfuerzos hechos por controlar el gasto públicos y alcanzar el déficit cero han dado resultado, pero advierte que podrían haber sido más exigentes. Sin embargo, llama la atención sobre el exceso de celo de la Ley de Estabilidad, que pretende controlar los desequilibrios fiscales de todas las Administraciones en "uno de los Estados más descentralizados de la OCDE" y que podría resultar en algunos casos inconveniente.
Pero el principal problema de largo plazo que aprecia la OCDE, como en ejercicios anteriores, es el crecimiento del gasto en pensiones que provocará el envejecimiento de la población, y que será preocupante a partir de 2020. Además del gasto en pensiones, llama la atención sobre el gasto en sanidad y en servicios sociales, aún muy poco desarrollados, pero que lo estarán más en el futuro. Advierte que el hecho de que en la actualidad la situación financiera de la Seguridad Social sea saneada no debe relajar la gestión de los Gobiernos y "será necesario un abanico de medidas tendentes a hacer al sistema de pensiones menos generoso".
Recortar el despido de fijos
Cuestiona que la solución esté en subir las cotizaciones, por el efecto que genera sobre los costes laborales y sobre el empleo. Por ello la OCDE es más partidaria de recortar el gasto. En primer lugar propone que se calcule la pensión en función de las aportaciones de toda la vida laboral (en vez de los últimos 15 años); propone, igualmente, elevar a 40 años la cotización para cobrar toda la base reguladora y cambiar la escala de aseguramiento para que la renta percibida sobre las cotizaciones aportadas sea inferior a la de ahora.
Estima también que debería desincentivarse la prejubilación, tanto en el sector privado como en el público, así como fomentar el alargamiento de la vida laboral, y debe desarrollarse el sistema privado complementario. Anima a buscar fórmulas de obligatoriedad del sistema privado complementario de capitalización, tanto a nivel personal como empresarial.
Reconoce el fuerte crecimiento del empleo en los últimos años y estima que para mantenerlo sería conveniente reducir la protección del empleo (coste del despido) para todos los contratos indefinidos, ya que "el abuso de la contratación temporal deteriora la productividad".
Proponeescindir Endesae Iberdrola
La OCDE hace un balance positivo del proceso de liberalización emprendido por el Gobierno español, que "se ha traducido en un abaratamiento de los servicios energéticos y de comunicaciones". Hace una relación sobre los esfuerzos para impedir la integración vertical de la actividad energética, tanto en gas como en hidrocarburos y en luz. Sin embargo, destaca que los precios de la energía eléctrica siguen siendo altos. El informe dice sobre este sector que "debería plantease la escisión en las dos compañías líderes del sector (Endesa e Iberdrola), así como la separación entre las actividades de generación y distribución".
La OCDE destaca la liberalización en telefonía, especialmente a escala local, pero echa de menos un mayor fomento de las conexiones a Internet, "que se utiliza poco en España".
Pide al Gobierno que dote de más medios a los institutos de defensa de la competencia, además de fomentar más la política de competencia. Cita que "el potencial de distorsión de la competencia generado por las subvenciones a la industria podría reducirse más si dicha ayuda se orientase a objetivos horizontales tales como el apoyo a la I+D".
Por último, el instituto parisino recomienda proseguir con la fusión de cajas de ahorros regionales para mejorar la eficacia y pide que se vigile el riesgo en Latinoamérica.
Las recetas de la OCDE para el Gobierno español sobre política económica.
Informe económico sobre España en 2001
l Es necesario un nuevo ajuste fiscal adicional para ralentizar la inflación subyacente.
l Recorte de determinados capítulos de gasto como el farmacéutico y el de pensiones.
l Recorte de la renta de retorno en la Seguridad Social, con el alargamiento a toda la vida laboral para determinar la cuantía de la pensión y elevar a 40 años la cotización para cobrar el 100% de la base reguladora.
l Desincentivar la jubilación anticipada (también de los empleados públicos) y considerar la idea de hacer obligatorio el sistema privado complementario, así como elevar los gastos en servicios sociales. Elevar las cotizaciones.
l Abaratar el despido de los indefinidos y recortar la generosidad del sistema de protección por desempleo.
l Aumentar la inmigración y elevar la participación de la mujer en el mercado para elevar el número de cotizantes a la Seguridad Social.
l Simplificar el sistema de negociación colectiva, facilitando la descentralización que dé más flexibilidad a las empresas. Eliminar las cláusulas de revisión salarial.
l Debe plantearse la escisión de las dos primeras compañías eléctricas y separar la actividad de generación de la de distribución.
l Fomentar el desarrollo de Internet, así como la inversión en tecnología. Desviar bonificaciones a la industria en general hacia la investigación y el desarrollo.
l Fortalecer los mecanismos de defensa de la competencia.
l Reformar el servicio público de empleo y hacer evaluación independiente de los resultados de la bonificación al empleo.